El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Rafael Lara, pidió ayer el cese de la jefa de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz por actuar “contra la ley” en el caso del menor español cuyo padre boliviano fue repatriado. Lara consideró “surrealista” que la Subdelegación considere que hay “DNI de segunda clase” y se quejó de que se realice una lectura “muy restrictiva y perjudicial para los inmigrantes”.

El presidente de la APDHA matizó que no se está pidiendo un reagrupamiento familiar para el padre de Xavier, sino la revocación de la orden de expulsión que pesa sobre el él, algo que le permitiría volver, ya que posee una oferta de trabajo y su hijo dispone de un pasaporte y un DNI que le otorga la nacionalidad española.

En este sentido, ha considerado “cruel” cuestionar la nacionalidad del menor y ha argumentado que están “violentando” la legislación del Tribunal Supremo, además de actuar con el “mínimo espíritu humanitario”.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno subrayó a través de un comunicado que el mero hecho de ser progenitor de un menor español “no supone por sí mismo excepcionalidad para conceder autorización de residencia” y amparó su deción en el Reglamento de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.