El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha remitido a los agentes sociales – patronal y sindicatos – su plan de choque contra el desempleo. Entre las propuestas del recientemente revalidado Ejecutivo socialista en las urnas figura la de aprobar una ayuda de 350 euros al mes durante un periodo máximo de tres meses, a aquellos nuevos parados que no tengan cobertura de desempleo.

El objeto de esta nueva prestación sería reforzar y facilitar su dedicación, tanto a la búsqueda de empleo como a la formación de estos nuevos parados, cuando sea necesario, compensando, de esta manera, los gastos originados durante este proceso.

La propuesta del Gobierno, según fuentes de la negociación, se dirige, de manera especial, a los trabajadores con graves problemas de empleabilidad, especialmente por razones de edad, con el objeto de facilitar el esfuerzo de reciclaje profesional y lograr, de esta manera, su reinserción en el mercado de trabajo. También el colectivo de inmigrantes en paro sin cobertura se beneficiaría de la medida.

En cualquier caso, de la ayuda quedan excluidos los beneficiarios de prestaciones y aquellos que cuenten con rentas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza como referente a la hora de acceder a las ayudas públicas y que, en la actualidad, está situado en 465,92 euros.

Esta es una de las propuestas del documento que el Gobierno ha remitido a patronal y sindicatos y cuyo coste global superaría, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, los 201 millones de euros.

La partida económica que acompaña la propuesta del Ejecutivo también está detallada en la propuesta que Caldera ha hecho llegar a patronal y sindicatos. En total, el Gobierno propone destinar 201,32 millones de euros a un conjunto de medidas que, precisa el Ejecutivo, tienen un carácter coyuntural, que se aprobarán en 2008 y que, a final del ejercicio, se tendrán que evaluar y, en su caso, si fuera necesario, prolongar.

La mayor porción de la partida corresponderá a un crédito extraordinario de 150 millones de euros para la dotación de las medidas de formación e inserción. Este crédito deberá ser gestionado por las comunidades autónomas, que tendrán que justificar haber realizado el gasto de los fondos distribuidos en esta materia en la Conferencia Sectorial para 2008.

La propuesta destina otros 49 millones de euros a la contratación de 1.500 orientadores en las oficinas de empleo, que serán los encargados de apoyar y orientar las carreras profesionales y opciones de reciclaje y búsqueda de empleo de las personas que han perdido su ocupación laboral.

La propuesta de Trabajo también plantea que se facilitará la movilidad geográfica para potenciar y estimular la contratación de trabajadores que, fruto de estas medidas, deban cambiar de residencia. El programa contempla, por ejemplo, ayudas para hacer frente a los gastos de traslado y establecimiento, incluyendo desplazamientos, transporte de mobiliario y enseres, además de alojamiento y guardería. El texto no precisa, en este caso, la cuantía de las ayudas que favorecerán, fundamentalmente, a trabajadores inmigrantes.

Además, según ha sabido este diario, a través de las políticas públicas se va a potenciar el programa de promoción de empleo autónomo, estimulando, cuando sea posible, el establecimiento por cuenta propia de los trabajadores desempleados, especialmente en el supuesto de los mayores de 45 años. Este programa específico para los autónomos incluiría ayudas por establecimiento, subvenciones financieras para préstamos, subvenciones para asistencia técnica y para formación.

El anexo del documento remitido a los agentes sociales determina un catálogo de ocupaciones que, en determinados ámbitos territoriales, requieren mano de obra que, con adecuada información y formación, podrían suponer oportunidades de empleo para los nuevos desempleados.

El listado elaborado por el Ministerio de Trabajo considera que existen alternativas a las actividades más afectadas por el desempleo. Así, se proponen hasta ocho alternativas para el personal administrativo y de ventas del sector inmobiliario, otras 20 (ver gráfico) para los trabajadores cualificados del sector de la construcción y, por último, otras nueve para el sector de más difícil reciclaje, los trabajadores no cualificados de la construcción, a los que se propone recolocaciones en actividades como reponedores de hipermercados y tiendas, reciclaje de residuos, limpieza y mantenimiento de fachadas, actividades ganaderas, forestales y de mantenimiento del medio natural, hostelería, despacho de alimentos perecederos, industria cárnica o actividades relacionadas con las personas dependientes.

El documento será consensuado con la patronal y los sindicatos

MADRID. – El Gobierno remitió a patronal y sindicatos su propuesta de plan de choque contra el desempleo en plena campaña electoral con la intención de poner en marcha, cuanto antes, este paquete de medidas urgentes. Sin embargo, el calendario electoral hizo imposible recoger, en tiempo y forma, no sólo las propuestas de los agentes sociales, sino coordinar las medidas con las comunidades autónomas, que serán las que, de facto, las apliquen en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.

En cualquier caso, la propuesta del Gobierno supone una ampliación coyuntural de derechos, mientras persista la desaceleración en la creación de empleo.

Hasta la fecha, era necesario haber cotizado un periodo mínimo de 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo para tener derecho a cuatro meses de prestación por desempleo. El periodo de cotización determina el alcance de la prestación, que va de los 120 días al que tienen derecho los que han cotizado entre 360 y 539 días a los 720 días del que disfrutan los que cotizaron, al menos, 2.160 días.

La legislación laboral determina también que, durante los 180 primeros días, la prestación representará el 70% de la base reguladora y que, a partir del día 181, la cuantía será el 60% de la base reguladora. El tope mínimo de la prestación está vinculado a la condición familiar del afectado. Así, cuando el trabajador no tenga hijos a su cargo, cobrará el 80% del IPREM mensual vigente (465,92 euros en 2007), cantidad que se eleva hasta 623,16 euros cuando tenga, al menos, un hijo a su cargo.

El tope máximo para los parados sin hijos se sitúa en 1.019 euros al mes, en 1.164 para los parados con un hijo y en 1.310 para los desempleados con dos o más hijos a su cargo.

Además, la legislación vigente dispone que, una vez agotada la prestación contributiva, y si se han cumplido 45 años en la fecha de agotamiento de la prestación, se podrá percibir, durante seis meses, un subsidio que no podrá superar el 80% del IPREM, esto es, 399,36 euros al mes.

Fuentes del Gobierno informaron a EL MUNDO de que convocará de inmediato una reunión con los agentes sociales para escuchar sus propuestas.