En mayo de 2005, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se mostraba satisfecho por los resultados del proceso de regularización masiva emprendido por el Gobierno. Consideraba que esa medida no sólo había hecho aflorar más del 80 por ciento de la economía sumergida sino que además «garantiza el futuro de nuestras pensiones». En aquellas fechas las cifras económicas eran positivas.

Hoy la situación ha cambiado y mucho. El aumento del paro, sobre todo en el sector de la construcción, ha afectado de forma muy particular a la población inmigrante. De hecho, según los datos del Ministerio de Trabajo el año pasado aumentó en un 24 por ciento el número de extranjeros que se quedaron sin empleo y se situó en más de 200.000 personas, de los que más de dos tercios son extracomunitarios. En cuanto a los contratos que se suscriben, en diciembre del año pasado sólo se firmaron 312, un 45,74 por ciento menos que el mes anterior.

Por lo que se refiere a la prestación de desempleo, en noviembre del año pasado lo cobraban 135.532 personas extranjeras, de los que una cuarta parte proceden de Marruecos, a los que le siguen los ecuatorianos y los colombianos. La factura en subsidios por desempleo de este colectivo ha engordado un 54 por ciento, hasta los 116,1 millones de euros, lo que supone un 8,4 por ciento del gasto total. Y si la economía no mejora, esa cifra va a aumentar de forma casi exponencial.