C. M. / P. M.

MADRID. La propuesta estrella de la campaña del PP en inmigración es sin duda el llamado contrato de integración, que sigue la estela de los requisitos que se exigen en otros países europeos – Francia, Alemania, Bélgica, Holanda o Reino Unido – a los extranjeros. «Es un compromiso bilateral y positivo para ambos», reiteran los populares, ajenos a las críticas recibidas. El 80 por ciento de sus votantes lo apoyan, según el sondeo de DYM para ABC; el 38 por ciento de los votantes del PSOE dicen estar muy de acuerdo o bastante con que quienes viven entre nosotros se avengan a firmar el documento. Y además el CIS sitúa siempre la inmigración como una de las principales preocupaciones para los españoles.

El «aquí no cabemos todos» formulado por Rajoy se traduce en varias propuestas programáticas tales como la creación de un nuevo sistema de visados y permisos para la entrada legal en España, la creación de una Agencia de Inmigración y Empleo con oficinas en los países emisores, la prohibición por ley de las regularizaciones masivas o las expulsiones inmediatas de quienes cometan delitos menores.

«No inmigración selectiva»

El visado por puntos, que será otorgado en función de circunstancias que favorezcan la integración, buscará unos determinados perfiles de acuerdo con las delegaciones creadas en los países de origen. «No se trata de fomentar una inmigración selectiva, como se ha dicho, sino de ajustar el mercado laboral a las personas», aclara la secretaria de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor.

Los populares están convencidos de que han hecho los deberes en inmigración. La integración, el control de las fronteras, el apoyo de la UE en la política migratoria y el mercado laboral son ejes de su proyecto. Para acometerlo, aunque no se haya dicho de manera explícita, están dispuestos a empezar por los cimientos. En su programa figura que «se adoptarán medidas de organización en la estructura del Gobierno para hacer frente a una gestión integral de la inmigración».

Ya en su día el PP criticó la división de competencias migratorias en dos Ministerios – Interior y Trabajo – abordada por el PSOE, que acabó con la Delegación del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, dependiente de Interior.

Rajoy ha anunciado que cambiará la Ley de Extranjería, aprobada durante el mandato de Aznar, para introducir reformas. El cambio que se abordará es el del Reglamento, aprobado por el PSOE sin el apoyo de los populares, que no tuvieron tiempo de acabar el suyo en la pasada legislatura.

Está previsto también la reforma del Padrón para acabar con las disfunciones actuales – los populares acusan al Gobierno de no haber hecho público el avance del padrón de 2007 para enmascarar el número de irregulares que viven en España – . Según los datos que maneja el PP, hay un millón de personas en situación ilegal y 400.000 inmigrantes parados.El Gobierno ya no da cifras, pero hace unos meses aseguraba que los irregulares no llegaban al medio millón.

El PP ha dejado de lado, de cara a la campaña, una de las medidas que presentó en la conferencia sobre inmigración que celebró en octubre de 2006. Entonces se propuso exigir la condición de legal a los inmigrantes para poder empadronarse mediante una modificación del padrón. Ahora no se habla de condiciones. «Nadie nos puede acusar de querer recortar derechos, si no que recuerden que la sanidad gratuita para los extranjeros es una medida del Gobierno de Aznar», recalca Pastor.

«El PP está poniendo en evidencia la desastrosa política en inmigración del Gobierno y demostrando que tiene alternativas», dice la secretaria de Política Social. El mensaje de acabar con las «fronteras – coladero» sacado a relucir con reiteración por el responsable de Justicia e Interior popular, Ignacio Astarloa, ha sido esgrimido pero siempre acompañado del de integración y apoyo a la inmigración «ordenada».

Dos de las propuestas de esta última parte son las que afectan al dinero, a los ahorros de los inmigrantes, y a las víctimas. El PP ha incluido un plan específico de protección e integración de mujeres inmigrantes que puedan ser víctimas de violencia de género, tras la oleada de muertas extranjeras a manos de sus parejas. Y en lo que toca al bolsillo, los populares pretenden poner las pilas a las entidades financieras para que abaraten el coste de las remesas. Los inmigrantes se quejan de las comisiones abusivas.