Hace unas semanas, el tema de la inmigración irrumpió en la campaña electoral, con la propuesta del Partido Popular de instaurar un contrato de integración para los inmigrantes que quieran instalarse en España. Irrupción directamente determinada por los sondeos poco favorables al PP, que aparentemente cree que le puede beneficiar la utilización de la inmigración como chivo expiatorio de las inquietudes de la opinión pública ante la crisis económica. Sin embargo, no había razón alguna para convertir el tema de la inmigración en motivo de disputa, porque España, en la magnífica variedad de sus naciones, ha dado durante estos últimos años un ejemplo de democracia y solidaridad al resto de países europeos.
Así pues, acaba de romperse el consenso implícito establecido entre las fuerzas políticas estos últimos años sobre la inmigración. Es un giro que anuncia una reorientación de la vida política española, pues está claro que, con las dificultades económicas en aumento, algunos van a convertir la presencia de los inmigrantes en un tema de movilización electoral durante los próximos meses y años, enfrentando a los ciudadanos entre sí, jugando con los detestables resortes de la xenofobia, del racismo y del odio.
Pero ¿qué dice el PP? Que los inmigrantes que desean obtener la renovación de sus permisos iniciales de residencia están obligados a firmar un contrato de integración, por el cual dispondrán de los mismos derechos que los españoles, pero deberán comprometerse a cumplir las leyes, respetar las costumbres, aprender la lengua, pagar los impuestos, trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo.
Así formulada, esta propuesta indica al mismo tiempo la profunda perversidad que la inspira y la banalidad que la caracteriza. Nadie, ni mucho menos los inmigrantes, ha pretendido que estos deban tener derechos sin deberes, que no tengan que aprender la lengua del país o que tengan que transgredir los usos y costumbres. Nadie.

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CAMBIO,hay una innovación: la obligación de regresar en caso de paro. La Italia de Berlusconi había avanzado esta propuesta, pero se reveló inoperante y el Gobierno ya no la aplica. En Francia, en el contrato de integración, que se aplica desde el 2007, no solo no existe esta fórmula, sino que, por el contrario, el Estado se compromete a ayudar al inmigrante a buscar empleo
Ahora bien, si hacemos balance de la experiencia del contrato de acogida e integración en Francia, los resultados son más bien limitados. Siendo la inmigración legal de aproximadamente unas 100.000 personas al año, prácticamente todas están sometidas obligatoriamente al contrato. Resultados: un aprendizaje lingüístico poco eficiente por lo que respecta a los inmigrantes de los países francófonos, que son los más numerosos; aceptación escolar y formal de los valores de la República por parte de los extranjeros, obligados a balbucearlos sin captar su sentido profundo; un control de su trayectoria que se reduce a ajetreos administrativos, etcétera.
En resumen, un aumento considerable del control burocrático sin alcance pedagógico. Sin duda alguna, siempre es bueno considerar que hay que ayudar a los recién llegados a integrarse por la lengua y por el aprendizaje de los valores de la sociedad de acogida. Pero no hay que ocultar los inconvenientes.
En primer lugar, este tipo de contrato sigue siendo un instrumento administrativo: tiene poco sentido e impacto si no va acompañado de una verdadera política de ciudadanía e integración. No se puede exigir a los inmigrantes, por una parte, que respeten sus deberes y que se adapten a las costumbres del país de acogida si, por otra, no se garantizan sus derechos.

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SEGUNDOlugar, esta idea de contrato formal comporta una concepción discutible de la integración, pues implica una diferenciación en la apreciación de los derechos y deberes de cada ciudadano. ¿Quién juzgará cómo y bajo qué criterios? ¿Será solo la Administración? ¿Cuáles serán las vías legales de recurso? Condicionar los derechos a un único juicio administrativo comporta efectos perversos, sobre todo si estos son “verificados”, como propone de forma aberrante el PP, en el momento de renovar el permiso de residencia.
En tercer lugar, estos contratos solo conciernen, de hecho, a una pequeña parte de los inmigrantes, pues muchos de ellos, temerosos de no ser seleccionados, preferirán de buenas a primeras la vía de la entrada ilegal y, por consiguiente, de la clandestinidad.

PUESTO
QUEactualmente esta medida es propuesta al hilo de una campaña electoral tensa, también está claro que dejará huellas. Corresponde a un discurso retrógrado, represivo, guerrero, indigno de dirigentes que pretenden conducir a los ciudadanos hacia la tolerancia y el bienestar. Hacer declaraciones del tipo “hay que expulsar a quienes cometan delitos en España”, “yo no les daré la nacionalidad”, es realmente inquietante para la democracia, pues viene a ser como asimilar a todos los inmigrantes con delincuentes potenciales, aprovechados, mientras que se trata de personas que, en su inmensa mayoría, son trabajadores honestos. Naturalmente, hay que castigar a los delincuentes, rechazar la poligamia y otros rasgos pocos corrientes en los inmigrantes, pero no hay que mezclar todo eso con la inmigración.
En Francia, la experiencia del contrato de integración tiende a transformarse en simple formalidad burocrática, sin efectos reales sobre la integración de los inmigrantes. ¡Y con razón! La integración es un proceso largo, que no resulta de un examen caricaturesco, sino de la experiencia práctica, humana, en la vida cotidiana.

* Profesor invitado de la Carlos III.
Traducción, Xavier Nerín.