No nos engañemos: un programa electoral es un proyecto de gobierno, pero, en época de precampaña, es, sobre todo, un señuelo para votantes. En unos comicios en los que las encuestas dan estrechísimos márgenes de diferencia entre los dos partidos mayoritarios, no es de extrañar que éstos se afanen por captar esa parte de sus posibles electores que aún no tiene clara su decisión. Siendo así, el PP se ve en la dificultad de agradar tanto al nostálgico de otras épocas como al profesional liberal y progresista cansado de ‘utopías zapateriles’. Cualquier cuestión que mezcle política con moral o ideología (aborto, divorcio, violencia machista) escandalizará al primero y le resultará insuficiente al segundo. Si no queremos perder los votos de ninguno de los dos, lo mejor será obviar en lo posible tales cuestiones, haciendo, si acaso, alguna referencia vaga y poco comprometida.

El PSOE, por el contrario, considera que su posible fuente de nuevos votantes se encuentra en su extremo izquierdo, por lo que este tipo de temáticas, junto a las que implican incremento del gasto social en muchos casos indiscriminado e injustificado, serán exageradas a fin de agradar a electores de ideología anarquista, ecologista o marginal. Promesas grandilocuentes que, aunque en muchos casos no pasarán de ser un mero brindis al sol, pueden constituir un aliciente para el votante normalmente abstencionista, mientras que su tradicional electorado lo entenderá como una de las empresas a estudiar en un futuro quizá no excesivamente próximo.

Este panorama, en relación con la violencia de género, nos presenta una realidad desalentadora, ya que, por un lado, nos encontramos con un programa – el del PP – en el que se pasa de puntillas sobre el tema, no queriendo ahondar por no herir susceptibilidades, nombrando en masculino genérico, invisibilizando los problemas de género y ubicando su publicitada medida de reducir el IRPF a las mujeres trabajadoras en el apartado dedicado a la familia, reducto tradicional de las mujeres por excelencia. Fuera de ello, alguna tímida referencia a la promoción del empleo de las mujeres, unida, eso sí, a la de otros sectores poblacionales donde el desempleo hace mayor mella (jóvenes, mayores) y nula referencia a las desigualdades que permiten y propician la violencia machista, entendiendo que la exigencia de igualdad es meramente un inexcusable requisito de competitividad. Una sola referencia a medidas directamente destinadas a atajar las conductas violentas sobre las mujeres, en un apartado dedicado a la seguridad ciudadana en la que señala su intención de reformar el Código Penal para reforzar la respuesta punitiva ante diversos delitos «de actualidad» (redes de pederastia, secuestros exprés, asalto a viviendas) entre los que se cita, casi de pasada, la violencia machista.

De otro lado está el programa del PSOE, con una impecable conceptualización del fenómeno como fruto de las desigualdades del patriarcado, un lenguaje no sexista, muchas propuestas y una medida estrella: la expulsión de los extranjeros condenados en nuestro país por violencia de género durante un plazo de diez años. Quizás muchos desconozcan que ésta, como la inmensa mayoría de las propuestas que se recogen en el programa, ya estaba prevista en nuestra legislación vigente; en concreto, en el artículo 89 de nuestro Código Penal, que prevé como regla general la sustitución de las penas privativas de libertad inferiores a seis años por la expulsión, cuando el delito haya sido cometido por un extranjero en situación de estancia irregular en nuestro país.

Ante críticas como ésta, la Secretaria de Igualdad de los socialistas se ha apresurado a indicar que la medida afectaría sólo a delitos de violencia machista y que se ampliaría a todos los extranjeros, cualquiera que fuese su situación administrativa y la duración de la pena impuesta. Esto es, podríamos expulsar a un extranjero que haya, por ejemplo maltratado de obra a su mujer sin causarle lesión alguna, pero, no podríamos hacer lo mismo con un pistolero a sueldo que hubiera matado a siete personas. Cuanto menos chocante, ¿no? Además, cabe preguntarse cuál será la efectividad de la expulsión, que el PSOE concibe como una medida de protección a la víctima, en un país con unas tasas de inmigración ilegal tan elevadas como el nuestro.

Con matices, nuestros dos partidos mayoritarios han hecho bueno el consejo de que, en tiempos de cambio, no hacer mudanza. Mientras tanto, quienes cada día trabajamos en la erradicación de esta grave lacra social seguimos esperando, por una parte, que toda la sociedad reconozca que la violencia sobre las mujeres es, como ha señalado el Observatorio estatal, un problema que tiene su base en la secular discriminación femenina y que exige por ello un abordaje complejo, transversal y multidisciplinar. Y, por otra, que se implementen las medidas ya contempladas en nuestra legislación existente, y que ahora se nos venden como novedades de cara a los comicios. Contrariamente a lo que muchos creen, y aún siendo una herramienta fundamental, no es la ley 1/2004 el único instrumento con que contamos para lograrlo. Otras muchas disposiciones normativas muy anteriores se constituyen como aliados básicos, como el ya citado Código Penal, o la Ley General Penitenciaria en lo referente a la rehabilitación de delincuentes. Pero aún es preciso que se establezca la dotación presupuestaria necesaria para que todas ellas puedan tener eficacia y no se queden en meras promesas huecas. Así, seguimos a la espera de que se dote de medios técnicos y humanos a los juzgados de violencia, que no dan abasto con la ingente cantidad de procesos a los que deben hacer frente. Que se exija la especialización profesional de los funcionarios adscritos a los mismos. Que se invierta en dar asistencia a las mujeres víctimas de tales delitos y a los grandes olvidados de esta historia, sus hijos, que en muchas partes del territorio nacional no tienen acceso a recursos públicos especializados de atención, aunque representan el futuro y la oportunidad de lograr una sociedad más justa e igualitaria.