Ultimo sábado de campaña, empañado por la bomba de ETA en Derio, bomba que una vez más no ha condenado ANV, un partido que Zapatero consideró «sin tacha de ilegalidad». Hoy me voy a Llodio, con mi hijo Iñigo diciéndome: «¡Pero si hoy es sábado!». Y todavía no sabe que mañana me marcho a Murcia y Valencia…

Cada vez que salgo del País Vasco soy más consciente de lo imprescindible que es la propuesta de Mariano Rajoy en materia de inmigración. En Euskadi sólo tenemos una tasa de inmigración del 4,6%. Hoy por hoy, el País Vasco no resulta atractivo tampoco para los inmigrantes.

Sin embargo, España es el segundo país receptor de inmigrantes. Sólo un irresponsable puede oponerse a la regularización de este fenómeno. La inmigración o es ordenada y legal o es un desastre que sólo provoca problemas de convivencia. Es una fuente de riqueza económica, social y cultural, pero eso implica que quienes vivan entre nosotros, además de iguales derechos, tengan idénticas obligaciones: conocer nuestra lengua y nuestras reglas de juego y, por supuesto, respetarlas. Bienvenido el que venga a arrimar el hombro, pero el que se aproveche de nuestra hospitalidad para dedicarse a lo que no nos está permitido a los españoles debe saber que no tiene sitio entre nosotros.

Pero Zapatero no quiere ver la otra cara de la inmigración, la de los inmigrantes ilegales, la de los que aprovechan los coladeros de nuestros aeropuertos o nuestras costas. Inmigrantes que, manejados por mafias, vienen a echar por tierra la imagen de sus compatriotas. Son los que no quieren integrarse, los que, por ilegales, no tienen más camino que el trabajo precario y sin derechos y, desgraciadamente en muchos casos, la delincuencia. Para ellos, para todos, es el contrato de integración propuesto por Rajoy. Un contrato positivo y lleno de sentido común, que apoya y respalda la mayoría de españoles, incluida la mayoría de votantes del PSOE. Casi nada.