MADRID.- España se ha convertido a una velocidad de vértigo en la segunda nación más multiétnica del mundo, después de EEUU. Los extranjeros representan ya el 10% de la población. Prueba de que vienen para quedarse (e integrarse) es que compran el 35% de las viviendas; son padres del 17% de los niños que nacen, y uno de cada seis se convierte en empresario. Los musulmanes confían más en el Rey, en el Parlamento y en la Justicia que los propios españoles, y el 83% de este colectivo dice estar perfectamente adaptado a las costumbres españolas.

Un informe del British Council y el Migration Policy Group concluye que nuestro país supera la media europea en integración. El documento analiza varios indicadores, como el acceso al trabajo, donde nos da un sobresaliente. Nuestro mercado laboral es el segundo más abierto después de Suecia. «Los inmigrantes tienen más facilidad para conseguir un empleo que los españoles, aunque con el doble de posibilidades de obtener contratos temporales», apunta.

El proceso de adaptación de los extranjeros está lleno de contrastes. Los dos millones que pagan impuestos aportan a la Seguridad Social 9.000 millones de euros al año, pero, a pesar de estar más cualificados, siguen relegados a la construcción o a la hostelería. Los propios españoles (siete de cada 10) admiten que la discriminación étnica está extendida.

Tampoco se lo ponen fácil a la hora de obtener la nacionalidad española, uno de los signos de integración más claros. A pesar de que, desde 2000, estas concesiones han aumentado un 419%, el British Council suspende a España en este indicador. Para obtener el DNI, salvo en el caso de los latinoamericanos, hay que esperar una década.

Otro ejemplo es el del sufragio. La ley sólo deja votar, en las municipales, a los ciudadanos de la UE. El pasado 27-M tuvieron derecho a hacerlo un millón y medio de personas, apenas el 32% de los extranjeros residentes en nuestro país.

Todo lo anterior lo saben los políticos y, quizá por eso, sus propuestas electorales en inmigración se dirigen casi en exclusiva a los votantes españoles y, sobre todo, a esa parte del electorado tanto de derechas como de izquierdas que interpreta el fenómeno migratorio más como una amenaza que como una oportunidad. No hay que olvidar que relacionan inmigración con delincuencia un 56% de los votantes de Zapatero y un 75% de los electores de Rajoy.

La regularización de 700.000 inmigrantes por parte del Gobierno ha sido el caballo de batalla de populares y socialistas durante una legislatura en que no se ha llegado a un solo acuerdo en un asunto que cada vez cobra más importancia en la vida cotidiana (es el cuarto quebradero de cabeza de los españoles, según el CIS). El Ejecutivo, eso sí, ha puesto en marcha por primera vez un plan específico de integración de inmigrantes, y también ha hablado de ello la vicepresidenta De la Vega, dejando claro que, «si la desigualdad entre españoles e inmigrantes se reduce al mínimo, la convivencia será mucho más fácil».

El futuro de esta cuestión se la reparten los dos grandes partidos. Mientras el PP apuesta por el modelo asimilacionista francés (el Estado trata, a toda costa, que los inmigrantes hagan suya la cultura del país de acogida) y Rajoy proclama sin complejos que «la inmigración es un problema real», el PSOE parece haber abandonado el buenrollismo del papeles para todos con el que arrancó la legislatura. Una y otra formación van ahora en la misma línea: que haya una inmigración legal y ordenada, con más sistemas de vigilancia en las fronteras y en donde se expulse a los que delincan.

Las ONG y los inmigrantes están en contra de ese enfoque. Sostienen que una verdadera integración sólo es posible implantando una verdadera igualdad de derechos. «¿Qué tipo de integración puede tener alguien que vive en la ilegalidad, que sólo acude a los hospitales cuando no le queda más remedio y no lleva a sus hijos al colegio por miedo a que le expulsen?», pregunta Gonzalo Fanjul, de Intermón-Oxfam. «Integrarse no es tanto una cuestión cultural como socioeconómica».

‘Queremos pertenecer a esta sociedad’

MADRID.- «La integración es un proceso y cada uno lo completa en diferentes tiempos. Pero, teniendo en cuenta que la inmigración ha sido un fenómeno intenso y realizado en muy poco tiempo, yo creo que los inmigrantes están bastante integrados en esta sociedad». Habla Estrella Rodríguez, directora general de Integración de Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Reconoce, sin embargo, que habrá que mejorar las cuestiones de igualdad de trato y discriminación social para la próxima legislatura.

Los representantes de los colectivos más numerosos de España le dan la razón. Gelu Vlasin, de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España, dice que sus compatriotas están muy a gusto aquí, pero se sienten «muy prejuzgados» cuando se les «relaciona con la delincuencia». Esteban Melo, de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España, argumenta que satisfacen «una nueva necesidad social» «estamos en el Ejército, cuidamos a vuestros ancianos, incluso soportamos más carga fiscal que vosotros» y, por lo tanto, se tienen que adecuar «nuevos derechos» a sus «nuevas responsabilidades».

«Casi todos solicitamos la nacionalidad española, lo que demuestra que queremos pertenecer a esta sociedad», esgrime Kamal Ramouhni, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España. «En algunos municipios, el 20% de los vecinos empadronados son inmigrantes y, sin embargo, no pueden elegir a su alcalde. Esto es una anomalía democrática».

El derecho al sufragio, insiste Javier Ramírez, de SOS Racismo, «es un requisito indispensable para que haya integración».

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS

Adaptación

PP. Promoverá un contrato de integración por el que los inmigrantes se comprometen a aprender el idioma, respetar las costumbres españolas, pagar impuestos y cumplir las leyes. Implantará el visado por puntos, que favorece a los que, como los sudamericanos, hablan castellano. Restringirá el uso del velo islámico en las escuelas.

PSOE. Aprobará una Ley Integral de Igualdad de Trato y contra la Discriminación y dará a los inmigrantes recién llegados a España clases sobre las normas, valores y lenguas de la sociedad a la que se incorporan. Reforzará la educación y la sanidad en aquellos barrios y localidades que reciben un mayor número de extranjeros, con el fin de combatir el absentismo escolar, la segregación y la falta de medios y oportunidades.

IU. Reconocerá el derecho de sufragio (activo y pasivo) a los extranjeros legales no comunitarios que lleven dos años o más en España, y simplificará su acceso la nacionalidad española. Potenciará el asociacionismo de los inmigrantes y su interlocución con las organizaciones para que participen más en la vida pública.

Regularización

PP. Prohibirá por ley las regularizaciones masivas. Seleccionará a los recién llegados a través de una Agencia de Inmigración y Empleo a partir del citado visado por puntos.

PSOE. No prohibirá expresamente las regularizaciones masivas, pero ha dejado claro que apostará por otras vías de regularización individual. Contratará a trabajadores especializados o de alta cualificación y dará incentivos a los que regresen a su país. Impondrá penas más duras contra las mafias y los empresarios que contraten a irregulares.

IU. Reforzará la lucha contra las contrataciones ilegales, robusteciendo, sobre todo, la Inspección de Trabajo.

Expulsión

PP. Expulsará rápidamente a los que hayan cometido un delito castigado con menos de seis años de cárcel. Si la condena es superior, los extranjeros cumplirán la pena y luego serán expulsados. Esto ya se hace actualmente, pero, por primera vez, contempla también a los residentes legales. Establecerá acuerdos comunes con la UE para que los que delincan no puedan volver a pisar suelo comunitario.

PSOE. Expulsará durante 10 años a los inmigrantes condenados por violencia de género, tanto los irregulares como los que tienen residencia permanente, una vez hayan cumplido su pena.

IU. Revocará las órdenes de expulsión no ejecutables, dotando a los afectados de los correspondientes permisos de residencia y trabajo.