Juan Luis Ramos y Manuel Navia aseguran que en 1998 trasladaban menores extranjeros no documentados «casi siempre» directamente a territorio marroquí durante el corto periodo que formaron parte del 092. Así lo hicieron hasta que fueron expedientados y pasaron a trabajar, durante tres meses, en los alrededores del cementerio de Santa Catalina. Destino en el que, según dicen, nunca antes se había prestado servicio y donde sólo encontraron ratas y basura, alegó ayer Navia en el transcurso del juicio contra el ex delegado de Gobierno, Luis Vicente Moro, y el ex consejero de Presidencia, Antonio Francia, para los que la acusación pide seis años de cárcel y 22 de inhabilitación por supuesta prevaricación y detención ilegal de menores.

Su versión coincide punto por punto con la testificación del policía local Antonio Espinosa que, junto, a ellos denunció a los hoy imputados por no disponer de un protocolo de actuación en esos casos. Ayer mantuvieron ante la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en la ciudad que dejaban a los jóvenes sin papeles hasta cuatro horas dentro de un furgón que por el día servía para recoger frutas y verduras y por la noche para llevar a los extranjeros a la frontera, sin pisar la comisaría de la Policía Nacional. El tiempo de espera servía, según palabras de Ramos, para que se completase el vehículo con menores y mayores, mendigos en su mayoría, sin distinción de edad, a través de las «redadas de mofeta» que realizaban en las escolleras, en edificios en ruina de la Gran Vía y en el entorno del Poblado Marinero.

Los tres policías asistieron, junto a una treintena de compañeros del cuerpo, a un curso sobre el procedimiento a seguir con los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). Y los tres sacaron la misma conclusión: el sistema que aplicaban no coincidía con la legalidad, señalaron durante el juicio.

«Jamás entregamos a la gente en la frontera española», dijo Ramos antes de explicar que se limitaban a rellenar los datos de filiación, sin formalizar un expediente administrativo en cada uno de los 2.000 casos que el informe fiscal registró a lo largo de 1998.

Navia aseguró que en un mismo furgón llegaron a coincidir menores, pedigüeños mayores de edad, prostitutas «y en una ocasión un joven en silla de ruedas». Personas que pasaban «directamente» a una comisaría marroquí, una vez apuntaba sus datos personales. Un lugar donde dijo ver cómo «echaban cubos de agua y golpeaban a los niños» tras salir del furgón.

Para la Fiscalía no hay dudas y ayer solicitó, con el apoyo expreso de la defensa, una sentencia absolutoria para Francia y Moro ante una interpretación «errónea» del protocolo. Justificaron la ausencia de informes en la propia legalidad del procedimiento y subrayaron la falta de referentes sobre el ex concejal de Gobernación en una polémica que se zanjó una vez se transfirieron las competencias en menores a la Ciudad.

Sin embargo, Navia no sirvió de modelo para esta valoración. «Empecé a abrir los ojos porque me di cuenta de que mi firma era la única que constaba en el papel y yo sería el único responsable si les pasaba algo», dijo. Y es que las órdenes eran siempre verbales tal como ayer confirmó el superintendente de la Policía Local, Ángel Gómez, quien, según Navia, llegó a decirle que era un jefe «disciplinado que cumplía con las ordenes del consejero de Gobernación».

«Evitar la sodomía»

Gómez negó todas las acusaciones, pero si reconoció que no daba una orden por escrito. Como inspector jefe de la ciudad desde 1981 aseguró ayer que «nunca» se vulneraron los derechos del menor y que su trabajo pasaba por «evitar que esos jóvenes cayeran en la prostitución, la sodomía o la drogadicción» recogiéndolos en la calle y trasladándolos a la Policía Nacional. Los menores, apuntó, eran «la mayor preocupación» del ex alcalde Jesús Fortes, pero no sirvieron de tema central en ninguna de las juntas de seguridad que mantenían con Delegación de Gobierno. Eso sí, las directrices en ese ámbito provenían de Moro, subrayó.

«No deteníamos, les recogíamos porque muchos días llegaban a romper hasta veinte vehículos», explicó. «Posiblemente» recibió alguna petición de algunos agentes de dar ordenes por escrito, «pero creo que no porque era algo legal». Gómez rechazó el término ‘redada’ para las actuaciones de la Policía local así como el supuesto transporte conjunto de menores y mayores.

En veinte minutos

Las declaraciones de los policías locales Gerardo Valero, Antonio Sedik y Antonio García fueron acompasadas a las palabras de Gómez. Defendieron que los traslados de menores al puesto del Tarajal se realizaban en menos de veinte minutos. Sedik, ex responsable del antiguo furgón del 092 aseguró que nunca pasó a Marruecos, pero mientras que en el año 2000 dijo que no se mezclaba a los menores con los mayores de edad, en esta ocasión reconoció que sí, contradicción que criticó la acusación popular muy centrada en la «permisividad» de Moro porque fue quién «toleró, permitió y provocó» las expulsiones ilegales. García, entonces responsable del 092, dijo que no se juntó a la gente en el vehículo policial mientras que los ex concejales José Antonio Querol (Ceuta Unida) y Alberto Núñez (entonces del PSOE) defendieron la tesis contraria durante aquella legislatura «convulsa».