El Gobierno expulsó el año pasado a un total de 1.471 inmigrantes que habían sido condenados a penas de prisión por haber cometido algún delito, según datos del Ministerio del Interior.

El Código Penal establece que las penas de los inmigrantes irregulares que hayan sido condenados a menos de seis años de prisión deben ser sustituidas por la expulsión del territorio español. Igualmente, los tribunales podrán acordar la expulsión de los inmigrantes sin papeles condenados a seis o más años de prisión cuando accedan al tercer grado penitenciario o una vez que hayan cumplido tres cuartas partes de la condena.

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, propuso recientemente que los extranjeros residentes en España y condenados en sentencia firme por malos tratos sean expulsado de España una vez cumplida su condena.

Por su parte, el líder del PP dijo que si llega al Gobierno promoverá la repatriación de aquellos inmigrantes que hayan delinquido, independientemente de su situación administrativa.