De los 2,7 millones de asalariados que trabajan en el sector de la construcción, 400.000, la inmensa mayoría inmigrantes, lo hacen de forma ilegal. Esta es una de las consideraciones que ha hecho a este diario el secretario general de la Federación de Construcción de Comisiones Obreras (Fecoma), Fernando Serrano.

El sector de la construcción es el que está padeciendo de manera más directa la desaceleración de la economía. La restricción del crédito y los excesos edificadores han dejado sin vender unas 400.000 viviendas en todo el país, con la consiguiente repercusión en las cuentas de las empresas. La construcción fue el tercer segmento más afectado por el aumento del paro en enero (8.900 desempleados más), tras los servicios (98.000 desempleados más).

Para CCOO, la situación «es preocupante, pero no catastrófica», en palabras de Serrano, quien estima que se deberían aprovechar la crisis y la nueva Ley Reguladora de la Construcción para introducir criterios de «racionalidad» en el sector. «En la construcción hay grandes colectivos afectados por el empleo precario y por el empleo ilegal, que, según nuestros cálculos, afecta a 400.000 personas. Buena parte del empleo que se va a destruir va a ser esa actividad ilegal que, por otra parte, nunca debió de existir», asegura.

El dirigente de Fecoma subraya que la crisis va a afectar más a los trabajadores menos cualificados, sobre todo, los inmigrantes.

Pero CCOO apunta también soluciones. Una primera medida sería aplicar la ley en lo relativo a las horas extra. Según las estimaciones del sindicato que lidera José María Fidalgo, cada año 2,2 millones de trabajadores de la construcción realizan horas extra, en muchos casos de forma irregular, sábados y domingos incluidos.

Estimando que, de media, cada trabajador de la construcción hace una hora extra diaria, nos encontramos con que, anualmente, se realizan 484 millones de horas extraordinarias. «Según nuestros cálculos», asegura Fernando Serrano, «si se aplicara el convenio sectorial vigente, que sitúa el máximo de horas en 1.746 al año, se podrían crear 227.205 empleos. Sólo con aplicar la ley se podría crear un cuarto de millón de empleos».

Otra de las soluciones que CCOO y UGT han planteado tanto PSOE como al PP y que, sin embargo, ninguna de estas formaciones ha asumido es el adelanto de la edad de jubilación de los 65 a los 60 años.

«Sólo pedimos que se cumpla la Ley General de la Seguridad Social y que se aplique al sector de la construcción la legislación sobre trabajos penosos y peligrosos. Ahí están las estadísticas de siniestralidad. Es una cuestión de Justicia. Nadie deberá morirse cayendo de un andamio, nadie, pero menos que nadie una persona que tiene 63 o 64 años y que lleva 40 trabajando en estas condiciones».

Según las cifras de Fecoma, esta otra medida podría afectar a entre 50.000 y 60.000 empleos, que podrían ser cubiertos por gente más joven, por inmigrantes. Sería socialmente justo y, económicamente, poco costoso. «Muchos de los trabajadores de esta edad tienen que solicitar de forma habitual la baja, por sus años y las condiciones de trabajo, lo que ya supone un coste, y requieren de tratamientos también costosos en algunos casos».

La aplicación de cualquiera de estas propuestas pasa por reforzar la Inspección de Trabajo. Un reciente informe publicado por Fecoma subraya que el sector está muy atomizado y estima que del mismo forman parte 400.000 empresas, de las que cuales, más del 90% emplea a menos de 20 trabajadores.

El informe de Comisiones Obreras recuerda también que el sector de la construcción da empleo a cerca del 13% de la población activa (2.713.000 personas, de las que 500.000 son autónomos) y que ha llegado a generar el 16% del Producto Interior Bruto (PIB).