El PP promete endurecer la ley para repatriar, incluso, a residentes legales – El Gobierno hizo una reforma penal más ‘blanda’, pero no se ha tramitado Mariano Rajoy ha prometido echar de España a todos los delincuentes extranjeros, tengan papeles o no. Pero ¿acaso no se hace ya? Sí, y por leyes aprobadas por el Gobierno de José María Aznar.

El año pasado, 1.471 inmigrantes fueron expulsados por sentencia judicial en respuesta a los delitos que habían cometido. Son el 15% de los repatriados de 2007, según datos del Ministerio del Interior.

En 2006, hubo 1.744 expulsados por delinquir. Y en 2005, 1.903, según informó el Gobierno en una respuesta parlamentaria del pasado mes de octubre a pregunta del PP.

Los datos son difícilmente comparables entre sí, ya que, en 2005 y 2006, alrededor del 35% de los expulsados fueron ciudadanos búlgaros y rumanos, explican en Interior. Desde su ingreso en la UE, el 1 de enero de 2007, estos delincuentes cumplen condena en España.

El artículo 89 del Código Penal (de 2003) y el 57 de la Ley de Extranjería (de 2000) regulan estas expulsiones. El primero las fija de manera prácticamente automática, salvo «excepciones motivadas», para delincuentes sin residencia legal. El segundo no distingue entre legales o ilegales cuando contempla la posibilidad de la expulsión por delitos «graves».

Pero, para el PP, los repatriados de la última legislatura no son suficientes. El secretario ejecutivo de Seguridad y Justicia popular, Ignacio Astarloa, explicaba a este diario que su partido quiere «precisar bien» las leyes para que una expulsión no quede sometida a la ambigüedad y el criterio libre de un juez.

Según dicen en este partido que han constatado, y según ha contrastado este diario con abogados de extranjería y juristas de Derecho Penal, muchos jueces no están aplicando el artículo 89 del Código Penal de manera preceptiva, como los populares esperaban que se hiciera.

Varias sentencias del Tribunal Supremo han resuelto en los tres últimos años el dilema al que se enfrentaban los jueces que se encontraban con que la repatriación era un castigo muy grave o muy leve según para qué delincuente. «Todo juicio es un concepto esencialmente individualizado», responde una sentencia de 24 de julio de 2006, que acaba denegando la expulsión de un traficante de drogas.

Por ejemplo, explica un abogado de extranjería, «sacarlos del país puede no suponer ningún castigo para quien no tiene ningún arraigo en España y, sobre todo, si ha cometido un delito grave como tráfico de drogas». Pero también «puede ser un castigo desproporcionado» para el que, teniendo aquí a su familia y un trabajo, ha cometido un robo penado con menos de un año de prisión.

«Una situación irregular es muy compleja y el artículo es de una simplicidad perversa e injusta», coincide un portavoz del Consejo General de la Abogacía.

En el PP, Ignacio Astarloa se declara convencido de que los jueces han decidido interpretar de manera flexible el artículo 89 porque «esperaban» que el Gobierno socialista lo iba a reformar en este sentido.

En efecto, el Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros del 15 de diciembre de 2006 un proyecto de ley (121/000119) que convertía en opcional («el juez podrá») la expulsión que Aznar había fijado como automática. Además, rebajaba de 10 años a «un plazo de tres a 10 años» el periodo en el que los repatriados tenían prohibido regresar a España.

Este proyecto de ley entró en el Congreso de los Diputados el 9 de enero de 2007 y ha dormido el sueño de los justos con ampliaciones del plazo de enmiendas cada 15 días hasta que la disolución de las Cortes, el pasado 14 de enero, lo remató.

«Es una más de las iniciativas que el PSOE ha dejado pendientes en el Congreso», acusan fuentes del PP, que recuerdan que en la Mesa del Congreso, la que aprueba los plazos de enmiendas, el PSOE (cuatro miembros) y «sus socios» (uno de IU – ICV y otro de CiU) tienen mayoría (el PP tiene cuatro).

Si Zapatero quiere mantener su reforma, tendrá que volver a aprobarla y llevarla a la Cámara, aunque en el PP están convencidos de que, si «la han dejado morir», es porque han cambiado de opinión ante el aumento de la delincuencia extranjera y ante la constatación de que, en 2007, el 39% de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas han sido inmigrantes (28 de 71), según el Observatorio para la Violencia de Género.

De hecho, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, proclamó hace dos semanas su compromiso de expulsar a los condenados por maltrato, sean «residentes legales o no». «Eso casa mal con la reforma que hicieron», denuncian en el PP. «¿Acaso les interesa más el maltratador que el agresor sexual?», preguntan.

El PSOE no ha desvelado cómo piensa articular la medida ni si piensa reformar la expulsión penal. No obstante, De la Vega adelantó a EL MUNDO, en su edición del pasado 27 de enero, que su intención es que los extranjeros primero cumplan la pena en España y, después, se produzca la repatriación.

En su programa, el PSOE dice: «Vamos a agilizar los procedimientos de expulsión de aquellos extranjeros en situación irregular, especialmente los que delincan». Pero del cómo, que es lo difícil y, probablemente, lo polémico, ni pío.