Propuso el otro día el PP controlar las costumbres de los extranjeros que llegan a España, para ver si se amoldan a los hábitos españoles. ¿A qué costumbres se refería exactamente Rajoy? Si una norma legal es vaga, se convierte en peligrosa porque da paso a la arbitrariedad de los funcionarios gubernamentales. Un periodista holandés, con una experiencia de veinte años en España, le pidió en Madrid al coordinador del programa electoral del PP, Juan Costa, que le citara tres costumbres españolas, y Costa citó una: los niños y las niñas de España estudian juntos en las mismas aulas. El holandés preguntó entonces si el PP iba a prohibir los colegios religiosos en que se divide a los niños por sexos. Costa consideró la duda holandesa un rasgo de ingenio y humor.

Yo no veo el humor. Un extranjero que llega a España, por trabajo o por gusto, está obligado a cumplir las leyes españolas. No se le debe pedir más, como a todos. Lo demás es demagogia, como demuestra el modelo francés que imita el PP. Nicolas Sarkozy dice: “No hay sitio en Francia para la poligamia, para la ablación”. Eso ya está en el Código Penal. Así que el control de costumbres más allá de la ley vigente es superfluo. Es una proclama sensacionalista, destinada a promover emociones feas entre la gente, que, por reacción sentimental, se movilizará contra la barbaridad extranjera, la poligamia y la mutilación de mujeres, por ejemplo. Pero estoy hablando de los españoles, que me preocupan tanto como los extranjeros.

Cuando en una sociedad un grupo empieza a ser tratado de manera especial, todos los miembros de la sociedad corren peligro de sufrir el mismo trato. ¿Pondría el PP una policía de costumbres para todos? ¿Soy yo de costumbres españolas, tal como las entiende el PP? Javier Arenas, en San Fernando, en Cádiz, se declaró cien por cien de acuerdo con las ideas de su partido sobre inmigración. ¿Controlaría Arenas, además de las costumbres españolas, las costumbres andaluzas, o lo que él entienda por costumbres andaluzas? Aunque hasta el PP parece haberse dado cuenta en los últimos días de lo vago e inviable de su limpieza costumbrista, estas cosas crean un clima moral que, además de ser inmoral, es antiestético: dejan en el aire la idea de que el Gobierno puede vigilar las costumbres de los ciudadanos más allá de lo que mandan el Código Civil, el Código Penal y la Constitución.

Otro momento importante de la precampaña electoral lo marcaron las orientaciones pastorales de los Obispos del Sur y de España entera, que ratificaron las conocidas afinidades de la Iglesia católica con la derecha radical. Veo normal la incomodidad de los partidos más al centro y más a la izquierda, pero Manuel Chaves tenía razón cuando dijo que los obispos pueden decir lo que crean conveniente. Y cualquiera, como hizo el propio Chaves, puede criticar a los obispos desde un punto de vista político, e incluso desde un punto de vista cristiano. Pero otra cosa es negarles a los jerarcas católicos el derecho a hablar de política. Esto es tan peligroso como el control de costumbres inventado por el PP. Se empieza a negarle al obispado el derecho a hablar de política, y se pasa a los colegios profesionales o a los conjuntos musicales, y, por fin, a sus miembros.

Hay socialistas, incluso, que ligan las relaciones del Estado y la Iglesia católica a la sumisión episcopal. Yo entiendo que la financiación de esa Iglesia y el concordato con el Vaticano son incompatibles con la igualdad entre religiones en España, es decir, con el carácter aconfesional del Estado español, y para mí es absolutamente improcedente que el Estatuto andaluz consagrara la excepcionalidad de la Iglesia católica. Pero me parece amenazador para toda la ciudadanía tratar a los obispos como si fueran un grupo de teatro díscolo al que se le quitan las subvenciones si habla mal del partido gobernante.