Los extranjeros no comunitarios que quieren trabajar en el Reino Unido no necesitan pasar ningún examen de inglés o de cultura británica para obtener un permiso de trabajo. Sin embargo, ese examen sí es obligatorio para los mayores de 18 años y menores de 65 que quieran, tras cinco años de estancia legal, obtener un permiso de residencia indefinido.

Holanda introdujo el 15 de marzo de 2006 un examen obligatorio de lengua y cultura para facilitar la integración de los inmigrantes entre 18 y 65 años. La prueba deben pagarla (350 euros más 65 euros de material de estudio) y superarla, los aspirantes a un permiso de residencia temporal.

Para prolongar el permiso de residencia, Austria exige a los inmigrantes (excepto a los de la UE) aprobar cursos de alemán. Para adquirir la nacionalidad es también obligatorio un examen de “ciudadanía austriaca”, sobre historia, geografía y conocimientos generales de la cultura. El inmigrante que desee prolongar su estancia tiene que firmar el Acuerdo de integración, en el que se compromete a hacer un curso de 300 horas de duración en un máximo de tres años. Al final, hay un examen. Si no aprueba, puede ser repatriado.

En Alemania, la ley prevé la asistencia a un “curso de integración” de 630 horas. Para la obtención de la ciudadanía son necesarios exámenes en los Estados federados de Hesse y Baden – Wurtemberg.

En Bélgica, las competencias sobre la integración de los inmigrantes son ejercidas por los Gobiernos regionales. En Flandes, la Administración exige a los inmigrantes el seguimiento de tres cursos en un año para facilitar su integración. Uno de idioma, al que es obligatorio asistir, pero en el que no hay examen, otro dedicado a la búsqueda de empleo, y el tercero sobre leyes y normas civiles.

En Italia, sigue en vigor la ley de inmigración conocida como Bossi – Fini (2002), por sus autores, Umberto Bossi, líder del partido separatista Liga Norte, y Gian Franco Fini, líder del partido posfascista Alianza Nacional, por la que los extracomunitarios sólo pueden entrar al país con un contrato de trabajo. Los menores tienen que participar en un “proyecto de integración” de tres años.