Regular la inmigración es asunto complejo porque se presta a la fácil demagogia.

Hace cuatro años, el PSOE defendió la regularización masiva de inmigrantes con el argumento de que todos los que ya estaban en España debían tener los mismos derechos, independiente de su situación legal. De acuerdo. El problema es que luego siguieron llegando sin papeles, y a éstos (a los que se pudo, claro) se les repatrió a sus países de origen. ¿Es que los que llegaron en patera con el Gobierno del PSOE tenían acaso menos derecho a papeles que los que llegaron con un Gobierno del PP?

Ahora el PSOE presume precisamente de haber repatriado a más inmigrantes en un año que el PP en toda una legislatura.

A pesar de los riesgos, Rajoy ha decidido abordar el asunto proponiendo el establecimiento de un contrato, previo a la concesión del permiso de residencia, por el cual los inmigrantes se comprometen a cumplir las leyes, pagar los impuestos y «respetar las costumbres de los españoles».

Las dos primeras condiciones son una obviedad, ya que todos los ciudadanos están obligados a ello. El tema que ha dado pie al PSOE para lanzar toda su artillería contra el PP es, como era de prever, el de las costumbres.

Rubalcaba atribuyó a la propuesta de Rajoy un «tufo de xenofobia» y se preguntó: «¿Qué costumbres? ¿Las mías, las suyas? ¿Las de Rouco?». Y todo ello, en el contexto de la «deriva a la derecha» que, según el ministro del Interior, ha tomado el PP desde un tiempo a esta parte y que, claro está, «preocupa al Gobierno».

Las costumbres son variadas y variables. Dependen del lugar y de los tiempos. O tempora! O mores!, exclamó Cicerón.

Rajoy se equivocó y debió referirse a los valores. Es decir, a los deberes de ciudadanía que forman parte de nuestra cultura. Por ejemplo, que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos; que todo ciudadano debe tener opción a la educación y a la sanidad, y que se tienen que respetar todas las creencias que no vulneren la ley.

Un contrato parecido al que ha propuesto Rajoy fue implantado en Francia por Sarkozy y en el Reino Unido por Blair. Ambos dirigentes son de ideologías diferentes, pero sus países tienen un mismo problema: un elevado número de inmigrantes de distintas culturas y religiones.

En otros países, como la mayoría de los musulmanes, la costumbre, convertida en ley, permite que a un ladrón se le corte la mano (ahí están las declaraciones del embajador de Irán, Seyed Davoud), o que una adúltera sea lapidada.

Eso, sencillamente, es una barbaridad. El escritor británico Martin Amis dice en El Cultural: «No puedo aprobar la poligamia, ni los crímenes de honor, ni la ablación del clítoris. El multiculturalismo es un fraude. Ninguno de nosotros cree en él. Algunos dicen que sí, pero es mentira. Y si uno dice que unas sociedades son más atrasadas que otras, se asustan, pero es así».

Según los datos oficiales, en España hay ya cuatro millones de inmigrantes legales (casi el 10% de la población). De ellos, 750.000 son musulmanes.

Todos tienen derecho a un trabajo digno, a una educación y a una sanidad pública y gratuita. Pero no pueden convertirse en un gueto. No sólo tienen que respetar las leyes, sino también aceptar unos valores que, en un Estado laico y democrático, están por encima de cualquier creencia religiosa. ¿O el PSOE piensa acaso que no?

casimiro.g.abadillo@el – mundo.es