La llegada de menores inmigrantes a Vizcaya ha dejado huella en los servicios sociales. En las residencias y pisos que gestiona la Diputación ya son más los menores de origen extranjero que los vizcaínos. La edad, en cualquier caso, puede difuminar las fronteras. Unos y otros, los más pequeños, conviven desde hace tiempo en hogares funcionales.

En estos momentos son 332 los inmigrantes acogidos por la institución foral, según datos facilitados por el comité de empresa. Los sindicatos diferencian entre los centros gestionados directamente por el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), donde viven unos 60 chavales, y los de mayor capacidad, como Loiu, Amorebieta, Artxanda o Arcentales, donde son otras entidades las que se prestan el servicio. Estas instalaciones atienden a 272 chicos.

Representantes del comité reclamaron ayer la gestión pública de todos los servicios «para mejorar las condiciones vitales, educativas y de integración de los chicos» y la situación de los trabajadores. En los centros del IFAS, con un máximo de doce plazas, «la realidad es totalmente distinta, hay una convivencia positiva y de gran riqueza» entre menores inmigrantes y vizcaínos. «Es una utopía pero hacia ella hay que caminar, porque esto va a ir a más», dicen.

La llegada de inmigrantes a Vizcaya «es un fenómeno estructural» aunque el perfil del colectivo ha cambiado, añade el presidente del comité, Aniceto Prieto. «La conflictividad es mucho menor, son menos problemáticos que los vizcaínos». Según los datos que aportó, sólo un chaval extranjero está en un centro cerrado y otros seis, cumpliendo medidas de trabajos sociales para la comunidad.

El diputado de Acción Social replicó ayer que la organización de las políticas para atender a los menores, que están «en constante evolución», «es una responsabilidad que está lejos de los sindicatos» y recordó que en la etapa más conflictiva del centro de Orduña «allí había funcionarios y hubo que recurrir a personal laboral porque se marcharon». Además, defiende «los buenos resultados» de la colaboración del departamento con «el mundo asociativo». Juan María Aburto acusa a las centrales de mezclar «intereses de carácter laboral» con los servicios sociales.