El comité de empresa de la Diputación denunció ayer la situación de «hacinamiento» que a su juicio viven casi un centenar de menores inmigrantes en los centros de Artxanda y Arcentales. Ambos equipamientos se han abierto para aliviar la saturación de otros recursos y sólo ofrecen asistencia básica, sin programas de integración. Los sindicatos piden que se refuerce la plantilla y se impartan cursos de iniciación profesional mientras se buscan «con urgencia» ubicaciones alternativas para estos adolescentes.

Esto último parece complicado. El Departamento de Acción Social está utilizando dos inmuebles cedidos por el de Agricultura ante las dificultades que ha encontrado para abrir centros de inmigrantes por el rechazo vecinal. El de El Vivero, en Artxanda, se puso en marcha en octubre de 2006 y sirvió de válvula de escape al de Amorebieta, que vivía momentos de tensión al ver desbordada su capacidad.

Las nuevas instalaciones contaban inicialmente con 30 plazas y ahora acogen a 64 personas, según los datos más recientes. «Era una pequeña casa para una familia con unos pabellones anexos para herramientas y vehículos», describe Aniceto Prieto, de LAB, presidente del comité y educador de menores. «Ahora se están haciendo obras y poniendo habitaciones». El Vivero no fue suficiente y en otoño del año pasado se abrió un centro de las mismas características en Arcentales, en la zona de El Garmo, «a más de una hora de camino de un núcleo habitado». Aquí viven 27 chicos.

A diferencia de los que residen en otros hogares, estos menores no están escolarizados y tampoco el ratio de educadores es el mismo. Los sindicatos afirman que sólo se imparte «una hora de castellano de lunes a viernes, sin posibilidad de inserción», y la falta de actividad provoca problemas de convivencia. La sociedad entiende una situación de emergencia durante una semana, un mes o dos, pero este es un fenómeno estructural y hay que buscar alternativas», argumenta Prieto.

Al cumplir los 18

El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, asegura que su departamento «está atendiendo a más chavales que nunca sin grandes incidentes. No hay que confundir hacinamiento con el hecho de que no haya programas intensivos de educación» en Artxanda y Arcentales, puntualiza. Según dice, los menores reciben «más formación» que una hora de castellano, aunque no hay programas de orientación laboral porque estos servicios tienen un carácter «excedentario». «Vizcaya no puede atender una demanda ilimitada», destaca.

A medida que se liberan plazas en otros alojamientos como el de Amorebieta, donde sí hay un Centro de Iniciación Profesional, se produce una «rotación» entre los chicos que residen en los centros de emergencia, «aunque hay algunos que se quedan más tiempo». A El Vivero suelen ir los más próximos a cumplir los 18. El comité de empresa ha alertado de la situación de estos chavales, que llegan a la mayoría de edad sin haberse integrado y no reúnen las condiciones para acceder al programa foral de emancipación. Se encuentran ante una «incógnita», denuncian. El diputado se muestra tajante en este punto. «Creemos que nuestro programa de emancipación (Mundutik Mundura) es un ejemplo, pero hay unos requisitos establecidos dice. No se nos puede pedir más de lo que se pide a nadie. La obligación de la Diputación es atender a los menores, y que no se nos juzgue por nada más».

MAPA DE SERVICIOS
Gestionados por el IFAS: (red pública). Unidades convivenciales de Mina del Morro y Zurbaran (12 plazas cada una), unidades semiautónomas de Basauri, San Ignacio, San Adrián y la Casa del Mar de Santurtzi (seis plazas cada una). Una veintena de menores inmigrantes conviven con los vizcaínos en ocho hogares funcionales de diferentes municipios.

Gestionados por otras entidades: Zabaloetxe, en Loiu, con 86 residentes en cuatro unidades; Amorebieta (60); Izurtza (19); El Vivero (64); El Garmo, Arcentales (27). Estos datos han sido facilitados por el comité de empresa y la suma total es de 322 menores.