Las seis familias del poblado chabolista de O Vao, cuyas chabolas fueron derribadas por mandato judicial el 23 de noviembre de 2007, ya están realojadas definitivamente en pisos sociales.

Las viviendas se encuentran en los municipios de Pontevedra, Ponte Caldelas y Poio. Tres familias han sido ubicadas en Monte Porreiro, otras dos en la parroquia de Caritel, en Ponte Caldelas y la última en Boa Vista, en la parte alta del barrio de A Caeira.

Los 29 afectados, que llevan alojados más de dos meses en hoteles del municipio de Poio, comenzaron a ocupar sus nuevas viviendas a lo largo del viernes pasado. Ayer, los nuevos inquilinos aún trasladaban algunas de sus pertenencias a los inmuebles, ayudados por coches y furgonetas.

El Concello de Poio, que ha realizado las gestiones para la compra de las seis casas, ha gastado 840.000 euros en la adquisición de los inmuebles, de los cuales 670.000 fueron aportados por la Consellería de Vivenda.

El proceso no ha sido fácil; el concurso convocado por el Ayuntamiento para la compra de casas quedó desierto. Ningún propietario o constructora quiso poner un inmueble a disposición de los afectados. El gobierno local debió buscar y adquirir los alojamientos directamente, al margen de convocatorias públicas.

Los pisos son, de momento, propiedad del Ayuntamiento de Poio. Los afectados podrán adquirir definitivamente la casa si tras dos años, queda demostrada su integración social en el nuevo vecindario.

La oposición vecinal al realojo de las familias ha sido una constante a lo largo de todo el proceso que, lejos de concluir, atraviesa ahora por uno de sus momentos más delicados, debido a las reticencias que ya muestran algunos ciudadanos a que se instalen en su barrio los gitanos de O Vao, a quienes identifican con la delincuencia y la droga.

Rechazo social

Vecinos de Lérez, Vilarchán, Monte Porreiro, Mogor y Poio ya mostraron su rechazo incluso antes de que las familias se realojaran. Desde que sus chabolas fueron derribadas en noviembre pasado, las familias gitanas han sido expulsadas de un cámping en Sanxenxo y se han visto obligadas a regresar a O Vao. Los 29 afectados han logrado permanecer dos meses y medio en dos hoteles gracias al secreto que se mantuvo sobre su ubicación.