Aburto reconoce que "seguimos en una situación de emergencia"

El diputado niega que "se haya privatizado el servicio" que presta Acción Social.

Deia, r. martín, 06-02-2008

bilbao. “No existe una privatización del servicio. Los centros privados son entidades sin ánimo de lucro ". Fue la respuesta que ayer lanzó el diputado de Acción Social, Juan María Aburto, ante las afirmaciones que el comité de empresa de los trabajadores del ente foral hizo públicas. Mostró así su desacuerdo con lo dicho por Aniceto Prieto, dejando bien claro que “los centros privados son entidades sin ánimo de lucro gracias a los cuales hemos sido capaces de atender a la demanda”.

En este punto hizo referencia al “tejido asociativo” que presta el servicio de acogida de los chavales, “que colaboran con la Diputación y que han estado dispuestas en los momentos más difíciles a abrir los dispositivos que eran necesarios para atender a estos menores. Esto no es privatización insistió, eso es contar con el servicio asociativo que existe en Bizkaia”.

Aburto reconoció que “nos encontramos en una situación muy complicada. Seguimos en una situación de emergencia”, señaló, y recordó que en los dos últimos años ha llegado al territorio una media anual de 400 menores no acompañados de los que “un centenar son atendidos” por el ente foral ya que se produce un “movimiento social, van y vienes, y otros acaban quedándose”. “Y siguen llegando”, apuntó.

A la propuesta de que los menores sean acogidos en pisos, reduciendo así el número de chicos por centro, Aburto se preguntó “¿dónde ponemos un piso, en qué barrio?”, en referencia a las protestas vecinales que este tipo de soluciones suelen generar.

Recordó la atención que presta el Centro Residencial Zabaloetxe, en Loiu, “atendido por los capuchinos”. Precisamente los educadores de estas instalaciones protagonizaron serias protestas en 2005 por problemas con los jóvenes acogidos. Llegaron a remitir una notificación a la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y apuntaba a un “caso claro de maltrato institucional”.

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