Bilbao. “Hacinamiento y privatización de algunos centros de acogida de menores” de la Diputación Foral de Bizkaia es el punto de partida de las críticas que ayer volvieron a lanzar los educadores sociales que trabajan en ellos. Concretaron sus protestas en “situaciones que no se pueden tolerar”. Por un lado, en la situación en la que se encuentran los chavales, y por otro, “el negocio que esto supone para algunas empresas y las malas condiciones de los trabajadores de estos centros”.

El comité de empresa del ente foral, a través de su presidente, Aniceto Prieto, exigió soluciones inmediatas para estas instalaciones que dan cobijo a jóvenes en su mayoría magrebíes, y que “están saturados” de forma que no responden con las prestaciones que ofertan a sus necesidades.

Prieto clasificó los centros en los que se acogen a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Bizkaia en dos tipos, los de titularidad pública, donde residen 60 menores, y los privados, en los que están acogidos 272. La Diputación realiza un primer acogimiento en centros grandes y, posteriormente, los menores que desean enraizarse pasan a residir en unidades convivenciales más pequeñas.

El representante de los trabajadores criticó la situación en los centros privados. Puso como ejemplo el de Zornotza, donde hay 64 menores; Artxanda con 64, o Zabaloetxe en Loiu con 86. “Un centro con este número de menores es inviable según las recomendaciones del Ararteko, la normativa del Gobierno vasco, la normativa de infancia, los derechos del niño… Incumplen cada una de las recomendaciones y normativas”, denunció Prieto.

El presidente del comité de empresa también puso sobre la mesa las diferencias que, según explicó, existen entre el número de usuarios de los centros privados “en contraposición” con “el bajo número de chicos” en los centros públicos en los que “como máximo tienen 12 chicos conviviendo”.

Por eso, demandó unas “mínimas garantías” por parte de las instalaciones privadas para atender a los chicos. En su opinión, hay que buscar “urgentemente” nuevas ubicaciones para las instalaciones de Artxanda, en Bilbao, y de Artzentales, “ambos cedidos por el Departamento de Agricultura”. El primero “era una pequeña casa para una familia con unos pabellones anexos para herramientas y vehículos”, que acoge a 64 chicos. Y el segundo, prosiguió Prieto, es “otra pequeña casa para una familia pequeña en la que conviven 27 personas”, situada además “a más de una hora de camino de un núcleo habitado, sin apenas actividades, ni posibilidades de inserción”.

También aseguró que existen “alternativas sencillas y viables que pueden ponerse en marcha ya”, como la creación de un Centro de Iniciativas Profesionales, “o la integración de los menores en alguno de la zona, que se puede aplicar tanto en Artxanda como en Artzentales”.

La situación es diferente en los trece centros públicos, en los que “la convivencia entre chicos estatales y de fuera del Estado español, en general, ha sido muy positiva y en poco tiempo se han visto unos resultados positiva y de gran riqueza para todos los componentes”. Prieto se refería tanto a los usuarios de las dependencias, “como a educadores, vecinos, escuelas…”.

“Menos conflictivos” A esto se suma el hecho de que la percepción social es negativa a pesar de que “son menos conflictivos” que los menores vizcainos acogidos. Es más, de los 332 jóvenes que hay en Bizkaia, “sólo uno está en la cárcel de menores de Zumarraga, y otros seis están cumpliendo medidas de trabajo social a la comunidad”. “Teniendo en cuenta que los chicos de fuera del Estado son más que los de origen estatal podemos concluir que la problemática social no es lo que nos cuentan”, señaló.

En conclusión, Prieto apostó a favor de una gestión pública para “mejorar las condiciones vitales, educativas e integración de estos chicos. Tenemos a niños de fuera del Estado que merecen una mejor atención. Es posible y viable y por ello lo exigimos”, concluyó.