Antonio Espinosa es policía local en la ciudad autónoma desde 1985. Durante muchos años se dedicó a controlar el tráfico hasta que en 1997 pasó al 092. Sólo duró 13 meses en la unidad. Su negativa de acatar una orden de traslado, en noviembre de 1998, a un grupo de menores marroquíes a la frontera fue, según su versión, el detonante del castigo. Un curso de formación en materia de Menores Extranjeros No Acompañados, (MENA), en el que enseñaron que se debe exigir la colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales y la entrega al puesto del Tarajal, le sirvió para discrepar con el procedimiento «habitual» hasta entonces.

«Hasta en veinte ocasiones, les recogía en la calle y les llevábamos directamente sin entregarlos a la Policía Nacional y en ocasiones les acercábamos a Marruecos», dijo ayer al juez, recordando el episodio por el que el ex delegado de Gobierno, Luis Vicente Moro, comparece estos días ante la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en la ciudad acusado de prevaricación y detención ilegal, acompañado en el banquillo del ex consejero de Presidencia entre 1995 y 1999, Antonio Francia.

Diez años después de la denuncia en la que participaron, además del testigo de la acusación popular, otros dos policías locales, las posturas permanecen firmes.

«Creía que el procedimiento que usábamos, hasta que asistí al curso, era el correcto, que no había un protocolo de actuación», aseveró Espinosa. Y es que tal como indicó ayer, se introducía a los menores en vehículos policiales y eran trasladados al garaje de la Policía Local. Allí se les tomaba la filiación y eran trasladados a la frontera en un furgón ‘Eco 10’. «En el curso saqué la conclusión de que nuestra actuación no se correspondía con la Ley», explicó.

Endosar el mochuelo

El día de los hechos, pidió un escrito que justificase el traslado sin estar dentro de sus competencias, pero el segundo jefe de la Policía Juan Menéndez, le dijo que «estaba a punto de jubilarse» y que esperase a Ángel Gómez – superintendente del cuerpo – para «endosarle el mochuelo», aseguró frente a la versión que argumentaron ayer Moro y Francia.

Según el ex delegado de Gobierno entre 1998 y 2004, el panorama que se encontró al llegar a la ciudad le planteó la necesidad «urgente» de acudir a los Ministerios de Interior y Exteriores para planificar la situación de los MENA. Una vez iniciados los contactos con el Gobierno local y con el país vecino, los expedientes de devolución de los menores se cumplieron «escrupulosamente». Y el protocolo que Espinosa nunca vio, Moro declaró que sí se cumplía. Eso sí, le resultó «difícil» garantizar que en todos los casos se hablaba con Servicios Sociales.

Moro dijo que nunca mantuvo reuniones con el Gobierno local para consensuar el sistema de detención de menores marroquíes. «Pero sí sufrí presiones del entonces presidente – Jesús Fortes – para conseguir una mayor colaboración ante las avalanchas». Negó el supuesto traslado directo de menores con policías locales porque «no era su competencia» y añadió que de la circunstancia se enteró «por la prensa». Y es que cuando llegó a la ciudad, «cambió la frontera» por la que pasaban 30.000 personas al día.

El informe fiscal de ese año dice que se registraron 2.000 menores marroquíes en la ciudad. Un dato que fue facilitado por Delegación de Gobierno. «No me acuerdo, pero me parece una cifra exageradísima», alegó ayer Moro antes de considerar que fue él quien «institucionalizó» el sistema de repatriación. Acto seguido, el ex consejero de Presidencia, Antonio Francia, defendió el procedimiento de la Policía Local como una «retirada de menores para protegerlos» hasta que se les dejaba en la comisaría del puesto fronterizo, rechazando el concepto de detención. Pero lo que no negó fueron las sorprendentes cifras del informe fiscal. «Si dicen eso, será que sí», resumió.

El entonces sargento y hoy inspector de la Policía Local, Juan José Carrasco, también defendió su actuación. «Yo nunca lo hice», respondió ante la supuesta entrega a Marruecos de los jóvenes.

Juan Luis Aróstegui, como ex portavoz del grupo parlamentario del PSPC y representante de la comisión que investigó supuestas agresiones a los menores en los furgones, fue el penúltimo en hablar. «La queja no fue tanto la detención como el maltrato institucional que se produjo». Finalmente el periodista de La Vanguardia José Bejarano, responsable de un reportaje en 1998 sobre los menores marroquíes en Ceuta, mantuvo que una vez recogidos, se dejaba a los jóvenes en el Tarajal. «Incluso les daban un bocadillo».