AQUELLA tarde del 30 de enero, los 60 agentes desplegados en los tajos de la línea 2 del metro y del soterramiento del Cercanías, a petición de la Inspección de Trabajo, tenían una misión: poner coto a las actividades de presuntas subcontratas que daban empleo a obreros en situación irregular.

Apenas una semana después, la cruda realidad es que los tres operarios que fueron detenidos durante la redada ya han vuelto a los puestos que tenían entonces, y que la operación ha despertado fuertes críticas por parte de la empresa concesionaria de los trabajos, Metro Málaga, que la ha calificado de «desproporcionada».

Un informe interno de la entidad al que ha podido tener acceso este periódico revela no sólo la escasez de resultados reales de la actuación, puesto que no se localizó a ningún operario sin papeles, sino también las graves carencias de seguridad en las que – a juicio de los responsables de la compañía – incurrieron algunos de los funcionarios que participaron en el registro.

La ausencia del casco, el chaleco y demás elementos de seguridad en el atuendo de cualquier trabajador de la construcción significaría una grave sanción para la empresa que lo contrata. Pero los propios vigías, al parecer, no predicaban precisamente con el ejemplo: «Los subinspectores de trabajo no disponían de ningún tipo de equipo de protección personal, incluso llegaron a circular por todo el túnel del tramo uno sin chaleco reflectante ni casco, poniendo en riesgo su vida», cita textualmente el documento. Incluso se afirma que los agentes «desatendieron los carteles y avisos del personal».

En otro punto se hace referencia a la ubicación de los vehículos policiales durante el operativo, que bloquearon durante dos horas los accesos a los tajos: «Circularon y se situaron en zonas de riesgo, obligando al personal a paralizar algunos trabajos por el riesgo evidente sobre los efectivos presentes en la obra», agrega.

El informe sostiene que en el momento de la inspección trabajaban 240 personas (111 extranjeros). De éstos, tres miembros de subcontratas fueron detenidos pese a que «todos estaban autorizados a estar en la obra y se dispone de toda la documentación legalmente exigible», según el citado informe.

El primero fue retenido por no recoger la autorización de residencia solicitada en octubre de 2007 en Torrevieja (Alicante). Al día siguiente regresó a su puesto. Otro de los arrestados tenía denegado el permiso de residencia por no aportar parte de la documentación. Estuvo en los calabozos un día hasta que la empresa le renovó el permiso de residencia. El viernes, 1 de febrero, se reincorporó al tajo.

El pecado del tercero: disponía de un justificante de renovación del pasaporte, pero dejó en Portugal el documento antiguo. Fue trasladado a la Comisaría para su identificación y al día siguiente volvió a enfundarse el casco y las botas.

A juicio de las empresas, «la operación no ha sido ningún ejemplo de eficacia, dada la relación entre número de agentes y de ilegales detectados: 60 – 0».