El Ayuntamiento de Almería vuelve a tomar posiciones para promover el indulto de los empresarios de El Ejido Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, condenados a 15 años de cárcel por secuestrar y apalear a tres inmigrantes.

Dos años y medio después de que ingresaran en la prisión provincial, donde disfrutan del segundo grado, que les permite gozar de tres salidas semanales, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez – Comendador (PP), trasladó ayer su apoyo personal al indulto. Su posicionamiento se produjo durante la celebración de un pleno ordinario, después de que una portavoz de la plataforma Indulto Ya aprovechara el apartado de ruegos y preguntas para sondear la postura de las distintas fuerzas políticas con representación en el ayuntamiento de la capital.

Además de expresar su respaldo al perdón de los empresarios, el primer edil se comprometió públicamente a trasladar esta demanda a la próxima Junta de Portavoces. En la reunión, los representantes del equipo de gobierno (PP y Grupo Independiente por Almería), así como los de PSOE e IU, dirimirán los puntos a insertar en el orden del día de la próxima sesión plenaria. La inclusión de una moción en pro del perdón de Palenzuela y Fernández, algo que ya trató el PP sin éxito en octubre de 2007, dependerá de la postura del resto de fuerzas políticas, puesto que “cualquier pronunciamiento del ayuntamiento deberá de ser unánime”, según palabras del alcalde.

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Amate, declinó ayer avanzar la opinión de su partido al ser interpelado directamente por un allegado de los condenados. Juan Megino (GIAL) y Diego Cervantes (IU) optaron durante el pleno por dar la callada por respuesta.

Esta campaña, que promueven los familiares de los empresarios, tomó especial fuerza después de que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias les denegase en diciembre del pasado año la concesión del tercer grado – régimen de semilibertad – por el largo periodo de condena que les resta por cumplir. Los hechos, ratificados por la Audiencia y el Supremo, ocurrieron en 1997.