Luis Vicente Moro vuelve al banquillo acusado de expulsión ilegal de menores

La vista oral se celebrará desde el próximo martes en la Audiencia Provincial. Tres agentes de la Policía Local denunciaron en 1998 las expulsiones de MENA

Diario Sur, J. S., 03-02-2008

En noviembre de 1998 tres agentes de la Policía Local de Ceuta denuncian la expulsión ilegal y el maltrato de menores marroquíes desvelando así la violación de los derechos humanos de los ‘niños de la calle’ por parte de las autoridades tanto de la administración central como de la administración autonómica, ambas gobernadas por el Partido Popular. Documentos, fotos y testimonios aportados por estos policías sirvieron para llevar ante la justicia lo que desde hacía tiempo se venía practicando: la «sistemática detención y expulsión ilegal de menores en situación de desamparo por parte de miembros de la Policía Local auxiliados por un grupo ‘parapolicial’ denominado Agentes de Atención Directa (AAA)», denuncian la Asociación para la Protección de los derechos de Andalucía (APDH), que recuerdan que «estas actuaciones se hacían por instrucciones directas de los mandos policiales y de las autoridades» de la Comunidad y de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que en aquel tiempo tenía al ex delegado Luis Vicente Moro al frente.

De nuevo ante el juez

Siete meses después de ser condenado a dos años de prisión por prevaricación y revelación de secretos, e injurias contra el presidente de la sección sexta, el juez Fernando Tesón, Luis Vicente Moro vuelve a sentarse en el banquillo esta vez para responder de un delito contra los derechos humanos y con menores extranjeros de por medio.

«Según está comprobado», recuerdan desde APDH, «las detenciones eran efectuadas en las calles tanto por la Policía Local como por los AAA, los niños eran introducidos en vehículos tipo Z y trasladados al garaje de las dependencias de la Policía Local. Tras tomarles la filiación, los menores eran introducidos en un furgón policial que era utilizado en general para la retirada de pescados y verduras procedentes del decomiso de venta ambulante y que tenía pésimas condiciones de salubridad».

A la espera de su traslado, o hasta que se llenaba el furgón, los menores debían permanecer en ocasiones «durante horas» en este furgón. Posteriormente eran trasladados al paso fronterizo del Tarajal y, tras el trámite de rellenar para la Policía Nacional un impreso titulado ‘entrega de menores marroquíes’, los niños, frecuentemente junto a adultos detenidos, eran entregados a la Policía de Marruecos.

Esta denuncia, recuerdan desde APDH, supuso a los Policías Locales que la realizaron «la separación del servicio y un sinnúmero de vejaciones y persecuciones por parte de las autoridades y también de muchos compañeros y otros ciudadanos ceutíes».

La denuncia

En Enero de 1999 la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, a la que se suman otras ONG, interponen una querella criminal por estas actuaciones contra el entonces Delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, el Consejero de Presidencia y de Policía Local de la Ciudad Autónoma, Antonio Francia Maeso, y los mandos policiales Ángel Javier Gómez, Juan García y Juan José Carrasco.

El caso llega a los tribunales después de un largo periplo en el que el proceso ha llegado a archivarse – y reabrirse – en tres ocasiones, según manifestaron fuentes judiciales. La postura que mantiene actualmente la Fiscalía no difiere de la que hace años sostenían anteriores responsables al no ver indicios de delito. Pero el fiscal estará presente en la vista oral, como en cualquier juicio.

Ley del menor

La acusación particular ejercida por APDH sostiene que las practicadas,supuestamente ordenadas por Moro y dirigidas por Francia, contravienen tanto la legislación nacional e internacional de extranjería del momento y la normativa específica, con la Ley de Protección Jurídica del Menor en vigor desde 1996. La ONG da relevancia al hecho de que las detenciones fueron practicadas por los agentes de atención directa, entonces trabajadores de Procesa. Vestían igual que la Policía Local y apresaban a los chavales, cuando al no ser policías no sólo no pueden realizar detenciones, sino ni tan siquiera identificar a un ciudadano. Los menores eran introducidos en furgones, en ocasiones junto a personas adultas, antes de ser expulsados por la frontera.

La vista oral está previsto que se celebre esta semana en las jornadas del martes 5 y el miércoles 6 de febrero. Fechas en las que, de nuevo, el nombre de Luis Vicente Moro volverá a ocupar todas las portadas.

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