WASHINGTON (EFE). El gobierno de Estados Unidos solicitó un total de 12 mil 140 millones de dólares para el combate contra la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza para el año fiscal 2009, un incremento de 19% sobre el año fiscal en curso.La cifra representa un incremento de más de 150% con respecto a 2001, cuando George W. Bush asumió la Presidencia.El presidente Bush incluirá este monto en la solicitud presupuestaria que presentará al Congreso el próximo lunes, pero es tan sólo una parte del total de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, dijo a EFE una fuente de esa dependencia.Según el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff esta solicitud consolida los logros presidenciales y fortalece sustancialmente su compromiso por aumentar y mejorar la seguridad en EU.Al hacer un repaso del presupuesto para el año fiscal que comienza en octubre próximo, Chertoff defendió los logros del Gobierno de Bush para hacer cumplir las leyes de inmigración al interior del país y fortalecer la seguridad fronteriza.El nuevo presupuesto incluye 442.4 millones de dólares para la contratación y capacitación de 2 mil 200 agentes fronterizos, con lo que aumentaría a 20 mil el número de integrantes de ese cuerpo de seguridad para fines de septiembre de 2009. Asimismo, la Casa Blanca solicitará 775 millones de dólares para la construcción de muros y vallas, y la colocación de infraestructura y tecnología dentro de la llamada Iniciativa de Seguridad Fronteriza (SBI).Con ese monto, sumado al aprobado para 2008, la SBI contará con 2 mil millones de dólares, según el DHS. El presupuesto incluirá 3 mil millones de dólares para ayudar a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a incrementar sus acciones policiales contra los indocumentados.Hasta la fecha, los agentes de ICE han expulsado del país a unos 240 mil indocumentados, han arrestado a 850 criminales extranjeros y han impuesto multas de más de 30 millones de dólares a empresas que contratan a trabajadores sin papeles.De ese total, ICE utilizará mil 800 millones de dólares para ampliar el número de camas en los centros de detenciones, como parte de una nueva práctica del gobierno de deportar a todo indocumentado en vez de permitirle permanecer en el país para atender su caso en un tribunal.