Decenas de bolivianos acuden cada día a un locutorio del barrio de Sant Antoni habilitado desde hace unos días como improvisada sede administrativa. Allí, cinco abrumados funcionarios expiden pasaportes de la República de Bolivia. Algunos de los bolivianos residentes en Barcelona (unos 17.000, según el padrón) llevan meses, e incluso años, esperando con ansia la renovación del documento. Hasta ahora, el trámite no podía realizarse en esta ciudad. Y eso ha hecho que en los últimos tres años el trabajo se haya acumulado y las citas se alarguen hasta extremos insoportables. “Tenemos unos 3.000 pasaportes pendientes de distribuir”, dice el vicecónsul, Mario Camacho Saucedo.
Para superar el reto, el Consulado calcula que deberá distribuir “entre 70 y 100 pasaportes al día”, ya que la oficina un local situado en el número 108 de la calle de Floridablanca estará abierta durante dos meses. El vicecónsul insiste en que “es un proyecto del Gobierno de Bolivia” mientras no deja de atender llamadas y peticiones de sus compatriotas. Como Jaime, que ayer salía a las 14.00 horas del locutorio con el pasaporte en la mano. “Vivo en Tossa de Mar y he perdido todo un día de trabajo. Pero al menos ya lo tengo”, dice. El marido de Patricia ha llegado a las 7.00, pero la mala suerte – “los funcionarios han tirado sin querer su papel para atrás”- hace que aún estén allí a la hora de comer. Pese a las colas, a la losa de la burocracia y al calor que hace en el local, los bolivianos aplauden, en general, la iniciativa. Aunque no siempre llueve a gusto de todos. A una mujer no le entregan el pasaporte porque el certificado de antecedentes penales no es el original, sino una copia. “¡Así va nuestro país, de mal en peor!”, exclama.