Los afectados son indocumentados que fueron trasladados del Centro de Detención de San Pedro en California.

Después de tres meses del cierre temporal del Centro de Detención de San Pedro en Los Ángeles y el traslado de por lo menos 299 casos a otros tribunales fuera de California, abogados y familiares de los detenidos denunciaron retrasos en los procesos a los que tienen derecho los inmigrantes.

Uno de los detenidos en San Pedro que forma parte del grupo que fue trasladado en octubre a centros en Texas, Arizona, y otros en California, es el compatriota Emmanuel Reales.

El salvadoreño de 32 años padece de una enfermedad mental, por lo que necesita un tratamiento especial; sin embargo, sus familiares no han logrado que al santaneco le otorguen una fianza y pueda argumentar su caso en Los Ángeles.

La odisea del connacional comenzó cuando la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) comenzó un proceso en su contra para retirarle el estatus de residente permanente y deportarlo, después de declararse culpable de un delito menor.

Aunque la solicitud del regreso del connacional a California fue aprobada por una corte de Florence, Arizona, la orden no se ha hecho efectiva.

Reales ha sido trasladado por lo menos tres veces a diferentes centros de detención, en los que se incluye un hospital en Costa Mesa, California, pero siempre es enviado nuevamente a Arizona.

Pero él no es el único salvadoreño entre los detenidos trasladados que presenta condiciones especiales de salud. Elías Rodríguez Zetina, de 54 años, es sordomudo y no ha podido comunicarse con su apoderado desde el 22 de octubre del año pasado, cuando ocurrió el cierre del centro y fue trasladado.

Para Edgardo Quintanilla, estos hechos han atentado contra los derechos civiles de los detenidos. El abogado salvadoreño representa de forma gratuita a Zetina y no ha podido hablar con su cliente. Por obvias razones no puede pasar al teléfono, y en Texas nadie quiere hacerse cargo del caso, ni existe un traductor para que mi cliente y yo podamos establecer comunicación antes de presentarse frente a un juez, y aunque la corte aprobó su regreso el Gobierno apeló la decisión, aseguró el letrado.

Una lucha frontal han dado los representantes legales para hacer respetar los derechos de sus clientes. Por más de tres meses Elsa Martínez luchó para que un juez de inmigración del condado de Los Ángeles procesara el caso de su defendido, quien es portador del VIH. Aunque logró que las audiencias se realizaran en California, el detenido seguirá en Texas mientras continúa el desarrollo del proceso.

Sin embargo, el próximo mes nos presentaremos en corte y exigiremos que sea enviado a un centro asistencial en California, agregó.

De acuerdo con Virginia Kase, vocera del ICE, las políticas de privacidad de la oficina no permiten dar declaraciones sobre los casos en específico. Sin embargo, aclaró que el traslado de 229 casos se basó en el estatus del proceso y las condiciones médicas de los detenidos. El centro de detención fue cerrado en octubre del año pasado para realizar mantenimiento preventivo de las instalaciones pero aún no hay fecha de reapertura de la instalación.