La medida tiene dificultades para implementarse ya que en EUA no existe una base de datos que informe del estatus de una persona.

Un suburbio de Dallas, al que ya en una ocasión se le impidió aplicar una prohibición para rentar apartamentos a indocumentados, aprobó una nueva regla que extendería dicha prohibición al arrendamiento de casas.

Sin embargo, la localidad de Farmers Branch enfrenta un nuevo obstáculo en su intento para impedir que los indocumentados renten viviendas en la ciudad: la falta de acceso a una base de datos que ayudaría a determinar si los solicitantes se encuentran legalmente en el país.

Farmers Branch desea emplear los Servicios de Ciudadanía e Inmigración para verificar el estatus migratorio de miles de arrendatarios, como requiere la ordenanza que exige que las personas que deseen rentar viviendas obtengan una licencia para ello.

La medida, que fue aprobada de forma unánime por el concejo municipal, sostiene que en caso de que las autoridades federales no puedan confirmar el estatus de residencia legal de la persona, esta será notificada y contará con 60 días para proveer documentos que demuestren su estancia legal en este país.
Acuerdos con gobierno

Sin embargo, las autoridades de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración dijeron el miércoles que la ciudad primero debe buscar un acuerdo con la agencia para tener acceso a la base de datos.

Y en ese momento se determinará si el uso es legal y adecuado, manifestó María Elena García – Upson, portavoz de la agencia gubernamental.

A las autoridades de Farmers Branch aún les falta contactar a la agencia gubernamental para obtener la aprobación.

El servicio migratorio se encarga de manejar los casos de inmigración y naturalización. Permite que las agencias que ofrecen prestaciones para el público tengan acceso a sus registros, de forma que puedan determinar si un inmigrante tiene derecho a recibir ayuda.

Los empleadores que participan en un pro grama para verificar electrónicamente si una persona puede trabajar en Estados Unidos también tienen acceso.

Los opositores a la regulación, la gran mayoría de ellos de origen hispano, dijeron creer que la ordenanza será frenada también por las cortes y eventualmente, desechada por anticonstitucional.

Un juez federal ha impedido que Farmers Branch aplique la ordenanza tras percatarse de que las autoridades municipales intentaron regular la inmigración en forma distinta a como lo hace el gobierno federal. El caso sigue en la corte pendiente de solución.