El Gobierno de La Rioja anunció ayer que presentará durante los próximos días un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia que desestima el recurso contra la decisión del Ministerio de Trabajo de no destinar 4,2 millones de euros a esta comunidad durante los años 2006 y 2007 para programas de integración de inmigrantes.

El Ministerio de Trabajo se había negado a prorrogar el convenio firmado en 2005 con La Rioja para este fin, debido a la negativa de la comunidad a acoger a menores inmigrantes internados en centros de Canarias, Ceuta y Melilla.

El Gobierno regional añadió que hace un mes que la Audiencia Nacional emitió la sentencia, ya ha admitido a trámite la presentación del recurso de casación y ha emplazado a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja trabajan en este recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, sobre la que “discrepa” en distintos puntos relativos a la potestad de gasto del Estado, que “no puede condicionar las competencias autonómicas, como pretende el Estado y avala la Audiencia Nacional”.

El Gobierno riojano mantendrá en el recurso que la Audiencia no ha realizado una aplicación “adecuada” de la normativa vigente que regula las competencias como comunidad autónoma uniprovincial.

Esta normativa, según el Gobierno regional, justifica plenamente la actuación seguida por la comunidad respecto a los municipios riojanos en el cumplimiento del convenio de 2005.

Otra de las razones que habían conducido al Ministerio a adoptar esta medida había sido la decisión de la comunidad de quedarse con todo el dinero de la subvención del Estado, en vez de destinar el cincuenta por ciento de los 1,3 millones de fondos que le facilitó en 2005 a los municipios regionales, como establecía el acuerdo.

En el primero de los casos la comunidad había basado su recurso en que el traslado de inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad afectaba a sus competencias en materia de asistencia, servicios sociales y desarrollo comunitario, incluidas en su Estatuto de Autonomía. En el segundo lugar, el Gobierno riojano argumentaba la condición uniprovincial de La Rioja y la reducida población de sus municipios, con localidades inferiores a los 20.000 habitantes, excepto en el caso de Logroño y de Calahorra, lo que argumentaba como causa que le impedía prestar esos servicios.