La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado el recurso contencioso-administrativo de La Rioja contra la decisión del Ministerio de Trabajo de no destinar 4,2 millones de euros a esta comunidad durante los años 2006 y 2007 para programas de integración de inmigrantes.

El Ministerio de Trabajo se había negado a prorrogar el convenio firmado en 2005 con La Rioja para este fin, debido a la negativa de la comunidad a acoger a menores inmigrantes internados en centros de Canarias, Ceuta y Melilla.

Otra de las razones que habían conducido al Ministerio a adoptar esta medida había sido la decisión de la comunidad de quedarse con todo el dinero de la subvención del Estado, en vez de destinar el cincuenta por ciento de los 1,3 millones de fondos que le facilitó en 2005 a los municipios regionales, como establecía el acuerdo.

En el primero de los casos la comunidad había basado su recurso en que el traslado de inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad afectaba a sus competencias en materia de asistencia, servicios sociales y desarrollo comunitario, incluidas en su Estatuto de Autonomía.

En el segundo de los casos el Gobierno riojano argumentaba la condición uniprovincial de La Rioja y la reducida población de sus municipios, con localidades inferiores a los 20.000 habitantes, excepto en el caso de Logroño y de Calahorra, lo que argumentaba como causa que le impedía prestar esos servicios.

La Audiencia Nacional recuerda en su sentencia que el Gobierno de La Rioja no ha justificado en ningún momento que destinase parte de esos fondos a los municipios de Calahorra y Logroño, que en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local están habilitados para prestar este tipo de programas.

“Tal motivo, por sí solo, bastaría a la Administración del Estado para oponerse a la firma del mencionado protocolo, dado el incumplimiento de la parte contraria”, dice la Audiencia Nacional en la sentencia.

También recuerda que el Ministerio de Trabajo, atendiendo a la condiciones de La Rioja, aceptó reducir del cincuenta al cuarenta por ciento el dinero destinado a los Ayuntamientos riojanos en las siguientes prórrogas del convenio, pero que, a pesar de eso, la comunidad se negó a firmar el acuerdo.

En cuanto a la acogida de menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, la sentencia dice que el Estado tiene “la posibilidad de exigir condiciones a la concesión de subvenciones previstas en las leyes de presupuestos generales del Estado”.

Esta potestad debe ejercitarse “siempre que no afecte al reparto de competencias, ni impida a la Comunidades Autónomas desarrollar una política propia, en este caso en materia de asistencia social”.

“No puede decirse que esa política de la Comunidad Autónoma de La Rioja quede comprometida por la fijación de esa medida prioritaria”, dice la sentencia, lo que argumenta con dos razones.

Por un lado, debido a que el Estado tiene las competencias en materia de extranjería y, por otro, porque el Ministerio de Trabajo “deja la última palabra a La Rioja” a la hora de desarrollar acciones concretas, los criterios de reparto y la cuantía de cada una de ellas.