SONIA BARRADO

LOGROÑO. El Gobierno de La Rioja anunció ayer que interpondrá durante los próximos días un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestima el recurso contencioso administrativo presentado por la Comunidad autónoma contra la decisión del Estado de retirarle una subvención de 4,3 millones de euros para inmigración por negarse a acoger a menores extranjeros procedentes de Canarias.

El Ejecutivo de Pedro Sanz comunicó su decisión después de que el asesor del delegado del Gobierno en La Rioja, Gustavo Gauthier, se refiriera a esa sentencia y acusara al Ejecutivo regional de ser el «más racista e insolidario» de España por convertirse en «la única Comunidad» que no ha aceptado la llegada de inmigrantes desde las Islas.

Gauthier afirmó que no sólo este fue el motivo por el que el Ministerio de Trabajo rehusó prorrogar con el Gobierno riojano el convenio sobre inmigración firmado en 2005, sino que también se debió a que la Comunidad no documentó que hubiera destinado a los municipios el 50 por ciento de un total de 1,3 millones, como recogía el acuerdo.

Para el asesor, las decisiones del Gobierno riojano obedecen a una estrategia de «permanente confrontación» con el Estado y achacó al presidente regional el «preferir que la inmigración sea un problema para echarle la culpa al Gobierno de España», además de plantear que el mandatario y la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, deberían ser quienes aportaran el dinero que no ha llegado a La Rioja «en vez de que sean los riojanos quienes pierden los 4,3 millones de euros».

El Gobierno riojano respondió que las declaraciones de Gauthier «llegan tarde puesto que hace un mes que la Audiencia Nacional emitió la sentencia y ya ha admitido a trámite la presentación del recurso de casación y ha emplazado a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo».

Explicó que sus servicios jurídicos «están trabajando en este recurso de casación» contra dicho fallo judicial, sobre el que discrepan en distintos puntos relativos «a la potestad de gasto del Estado, que no puede condicionar las competencias autonómicas como pretende el Gobierno central y avala la Audiencia Nacional».

Inadecuada

Asimismo, el Ejecutivo regional mantendrá en el recurso que la Audiencia «no ha realizado una aplicación adecuada de la normativa vigente que regula las competencias como Comunidad autónoma uniprovincial».

Para el Gobierno de Sanz, esa normativa «justifica plenamente la actuación seguida por la Comunidad respecto a los municipios riojanos en el cumplimiento del convenio de 2005».

El Gobierno de La Rioja decidió recurrir ante la Audiencia Nacional la decisión del Estado de no prorrogar el acuerdo sobre inmigración porque en el convenio de 2006 se establecía, de manera «unilateral» por parte del Estado, la obligación de incluir en el Plan de Acción de La Rioja el programa de acogida para los inmigrantes trasladados a la Península desde Canarias.