El consejero de Presidencia, Juan Antonio de Heras, declaró ayer que el fenómeno de la inmigración «preocupa doblemente» al Gobierno regional, «porque hay más de 300.000 inmigrantes en la Región que están recibiendo todos los servicios a costa del presupuesto de la Comunidad Autónoma, sin que esos inmigrantes computen a la hora de calcular los fondos que la Comunidad recibe del Estado para financiar la educación y la sanidad».

A esta preocupación financiera, De Heras añadió la laboral y económica. «Ahora hay un problema adicional – declaró – debido a que tenemos un sector agrario, que ha acogido a muchos de estos inmigrantes, y que viene arrojando parados a causa del castigo que sufre por la política de insolidaridad del Gobierno central. La desaceleración de la construcción, además, no ayuda».

El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autónomo achacó el elevado porcentaje de población inmigrante asentada en la Región «al efecto llamada» producido tras los procesos de regularización aprobados por el Ministerio de Trabajo, lo que ha dado lugar a una situación que «no ha tenido aún solución». Según el Gobierno regional, casi el 40% de los 300.000 inmigrantes residentes en la Región son ilegales.

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