Un juzgado de lo contencioso administrativo de Valencia decidirá la orden de desalojo de dos viviendas en las calles Corretgeria y padre Uriós de Xàtiva, donde según fuentes municipales viven hacinados 22 inmigrantes en la primera y unos 10 en la segunda. Ambos inmuebles se encuentran ubicados en el casco antiguo.

Esta medida se produce tras el informe remitido por los técnicos municipales a la instancia judicial, en el que se solicita autorización para entrar en los citados domicilios. Las primeras inspecciones realizadas por la Policía Local y miembros de Servicios Sociales encontraron problemas de salubridad, uso del servicio de gas butano sin las medidas pertinentes, así como la colocación irregular de dos antenas parabólicas en la fachada de una casa sin la correspondiente autorización, ya que estos elementos están prohibidos en el casco viejo.

Los inquilinos hacinados incumplieron la orden de desalojo decretada desde alcaldía el pasado tres de enero por lo que será un juzgado de lo contencioso quien determine su abandono forzoso. Si el juez ratifica la demanda, el desalojo se podrá llevar a término en un plazo no superior a 15 días, según fuentes municipales.

En un principio el requerimiento de alcaldía , con fecha tres de enero, les concedía un plazo de tres días hábiles para desocupar de forma definitiva las viviendas que ocupan en régimen de alquiler. Superado dicho período, los servicios técnicos municipales han solicitado la autorización para llevar a cabo la medida con carácter forzoso.


Seguridad e higiene

Las mismas fuentes añadieron que los requerimientos fueron presentados el pasado jueves y ayer viernes. Una vez se consiga que abandonen las viviendas se procederá a la desinfección, desratización y medidas pertinentes para garantizar la seguridad y salubridad en la zona, ya que ambas viviendas presentaban situaciones extremas de higiene y falta de seguridad para el vecindario, tal y como han denunciado los vecinos en reiteradas ocasiones.

La medida será llevada a cabo por la propia Policía Local y la Brigada de Obras acompañados por el arquitecto municipal que certifica el estado de los edificios, el biólogo que comprueba la salubridad y un representante de Trabajo Social.

Los técnicos ya inspeccionaron a finales del pasado año siete viviendas del casco histórico en ambas calles donde pudieron certificar la existencia de hacinamiento de inmigrantes, incluso de forma alarmante en algunas de sus plantas bajas. Junto a sus quejas el juzgado ha recibido otros antecedentes.

Alcaldía redactó un decreto a principios de enero por el que se realizó el primer aviso de desalojo y un informe sobre su incumplimiento. También se ha puesto a disposición del juzgado los informes que certifican la insalubridad y el hacinamiento.

Los trámites se están llevando a cabo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, que resolverá en breve, por lo que una vez con el requerimiento judicial en mano se procederá al desalojo.

En los casos llevados al juzgado, la Brigada de Obras deberá actuar de urgencia sobre las viviendas, ya que según los informes, para evitar situaciones de peligro en las instalaciones de luz y gas o el desprendimiento de obra era necesaria su intervención.

Precisamente en ese sentido han incidido los vecinos de la zona de las calles Uriós y Corretgeria, que han hecho llegar sus quejas por la falta de resolución de los problemas de estos grupos de inmigrantes a quienes han denunciado por acumulación de basuras, causar desperfectos en el mobiliario urbano de la zona sobre fuentes y papeleras y practicar hábitos molestos para el resto del vecindario.

A pesar de que el desalojo puede llevarse a cabo de un día para otro, cabe la posibilidad de que los inquilinos abandonen voluntariamente sus viviendas antes del desalojo forzoso.