La legislatura que estaba llamada a ser clave en la lucha contra la violencia de género acaba peor que empezó. 72 mujeres (una media de seis al mes) murieron el año pasado a manos de sus parejas, según el balance facilitado ayer por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. El dato es el peor de los últimos cuatro años; es más, 2007 es el ejercicio con mayor número de muertes desde que se lleva un recuento específico de este tipo de delitos. La realidad demuestra que la ley contra la violencia de género, pese a que nació con consenso político y con el respaldo mayoritario de la opinión pública, no ha conseguido frenar esta lacra. Y eso que casi tres años (la ley entró en vigor en junio de 2005) parece un tiempo prudente para poder valorar su eficacia.

Los resultados no han cubierto las expectativas del Gobierno, que convirtió este asunto en una de las banderas de su política. No por casualidad fue el primer proyecto de ley de la legislatura llevado a las Cortes por Zapatero, que calificó la norma como «un poderoso instrumento para combatir el machismo criminal». Desde ese punto de vista, podría hablarse de un fracaso del presidente: la ley se ha demostrado insuficiente y necesita ser revisada. Con todo, el asunto es de tal complejidad y dramatismo que no conviene hacer juicios fáciles. Sí es el momento de empezar a extraer conclusiones de la experiencia. Y la primera es que el problema no se arregla sólo con medidas legislativas y policiales. De hecho, la ley española es la más dura de Europa y siguen aumentando las víctimas. Lo que lleva a pensar que parte de la solución habrá que ir a buscarla en la prevención, en dos frentes: el educativo, que es una labor a largo plazo, de formación en la igualdad desde la infancia; y el policial, más urgente, que permita adelantarse al agresor, incrementando las medidas de protección de las víctimas y mejorando los protocolos de vigilancia de las personas implicadas en causas de violencia de género. Conviene revisar también algunas lagunas de la legislación. El propio Centro Reina Sofía propone que el consumo de alcohol no sea considerado una eximente, porque aunque no es la causa de este tipo de violencia, influye a la hora de «eliminar frenos morales», y el agresor es consciente de ello. Como también habría que dedicar una especial atención al colectivo inmigrante: de cada diez mujeres asesinadas, cuatro son extranjeras, pese a que su peso real en la población femenina española es de una proporción de uno a diez.

En definitiva, lejos de la autocomplacencia, la rotundidad de los datos obliga a reexaminar el problema para intentar encontrar soluciones a esta sangría que continúa siendo la violencia contra la mujer.