Explica que, aunque negar el genocidio no sea un delito, sí tiene «consecuencias importantes» que pueden traducirse en acciones violentas La Fiscalía ha tomado nota de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que afirma que la negación del genocidio no es un acto delictivo. Lo ha hecho retirando su petición de prisión por justificación del Holocausto que, según ha sostenido, cometió el propietario de la librería Europa de Barcelona, especializada en la venta de libros sobre el nacionalsocialismo alemán.

Lo hizo no sin mostrar su discrepancia con este cambio, advirtiendo que el hecho de difundir el genocidio, sin que éste suponga un hecho delictivo, «tiene consecuencias importantes» que pueden traducirse en acciones violentas. El Ministerio Público sostiene, además, que la directriz del TC no sólo contradice su propia jurisprudencia, sino también la expuesta por «la mitad de los países europeos» a este respecto, y niega que dentro de la libertad de expresión se ampare esta doctrina.

En una vista de apelación celebrada ayer en la Audiencia de Barcelona, el fiscal retiró de la causa contra el librero la pena prevista en el artículo 607.2 del Código Penal, que hasta el pasado mes de noviembre incluía la justificación y la negación del genocidio como delito, y que suponía dos años de prisión. Finalmente, sólo mantuvo la petición de tres años de cárcel – a los que ya fue condenado Varela – por el delito de provocación al odio racial, que consta vigente en el artículo 510.

«Odio racial»

El fiscal fue muy tajante al afirmar que «cualquier persona que compre este material sabe que puede incitar al odio racial», y sugirió que desde la librería «no se crea violencia, sino que se alimenta». Precisó que a Varela «no se le atribuyen acciones violentas, pero sí una provocación o concreción en actos delictivos de riesgo» y, por todo ello, pidió «que se mantenga la sentencia», no sin antes resaltar que «no se puede aceptar esta dilación», partiendo de la base de que éste es un proceso que comenzó 10 años atrás.

En el lógico extremo opuesto se situó la defensa de Varela, quien solicitó directamente su absolución, argumentando que únicamente «hacía una actividad pura de librero que vende al por menor para ganarse la vida», rechazando que fuera un gran difusor o distribuidor de este material. Sobre los contenidos de los más de 21.500 libros y cintas de vídeo revisados – sólo unos 230 carecían de contenido antisemita – , explicó que son «un documento histórico» similar al que puede verse «en filmotecas de media Europa». Al respecto, se preguntó «cómo se puede estudiar la Alemania nacionalsocialista sin consultar las propias fuentes», señalando que «la investigación científica se encuentra dentro de la libertad de expresión», un derecho que, a su juicio, ha cumplido el TC. Añadió, además, que «no existe ni un solo documento en el que el señor Varela diga que los judíos son ratas». Utilizó esta expresión ya que en la librería – aunque no expuesto al público – se encontró un vídeo en el que se explica este símil, añadiendo que los judíos «deben ser exterminados» porque «propagan enfermedades por todo el mundo».

La Asociación SOS Racismo, personada como acusación particular, dijo por su parte que Varela «sabe perfectamente lo que hace», y que su propósito es «rehabilitar la mentira y resucitar aquel momento político concreto y todas aquellas carnicerías».