La muerte ayer de una mujer en Girona al precipitarse al vacío en circunstancias confusas pero vinculadas, en todo caso, a un nuevo y continuado episodio de violencia doméstica se suma trágicamente a los dos asesinatos que se habían registrado ya en Málaga y Alicante en los primeros días del año. Las tres víctimas dan cruel testimonio de las dificultades con que se topan a diario la legislación contra el maltrato y los poderes públicos que deben garantizar su aplicación para reducir el goteo incesante de agresiones producidas en el ámbito íntimo del hogar, que volvieron a cobrarse la vida de 71 mujeres en 2007. El hecho de que 28 de ellas fueran extranjeras, como las tres primeras fallecidas de este año, acredita la existencia de un colectivo singularmente vulnerable a los ataques machistas que ha de obligar a las instituciones no sólo a consignar el fenómeno, sino a aplicar iniciativas específicas para combatir un tipo de violencia que se alimenta en muchos casos de la marginalidad y la incomunicación. Las cifras certifican no sólo que el 35% de las víctimas mortales proceden ya de otros países, sino también que la violencia doméstica aflora en mayor medida entre la población inmigrante, donde las campañas de sensibilización contra los malos tratos y la discriminación femenina encuentran aún una notable resistencia para resultar efectivas. Los ataques y amenazas se transforman así en un potente instrumento para agravar la indefensión y la exclusión social de las víctimas, para las que la incomprensión del idioma o la herencia de una cultura marcadamente sexista pueden constituir barreras infranqueables a la hora de acceder a las medidas de asistencia previstas por las instituciones. Si el compromiso social resulta indispensable para arropar a las mujeres y hacer visible el drama del terror doméstico, aún lo es más para romper el silencio y la soledad que envuelven a muchas inmigrantes maltratadas, especialmente si éstas no tienen su situación regularizada. La constatación de que la última víctima seguía conviviendo con su agresor a pesar de que pesaba sobre él una orden de alejamiento demuestra la necesidad de intensificar las medidas de protección y de castigo para que éstas resulten efectivas especialmente cuando las propias afectadas minusvaloran el riesgo que corren.