Cuando los ministros y secretarios de Estado de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores, Trabajo y Fomento se reúnan, a las 8.30 de la mañana del viernes, con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para hacer balance sobre inmigración, podrán sentirse moderadamente satisfechos. A lo largo del año que acaba de concluir, han logrado reducir a la mitad el número de inmigrantes irregulares que llegaron en 2006 a las costas españolas. Pero, al mismo tiempo, esa cifra supone el segundo peor resultado desde el último balance de los gobiernos de Aznar, en 2003.

La cifra de 2007 (18.228 inmigrantes interceptados) es inferior en un 53,5% a la de 2006 (39.225). Pero ésta había supuesto un aumento del 78,3% respecto a la de 2005. En 2006, los subsaharianos descubrieron las posibilidades de navegación a larga distancia que tenían sus cayucos de pesca. Las avalanchas de sin papeles batieron todos los récords. Nunca se sabrá cuántas personas perdieron la vida – y siguen perdiéndola – en una travesía de 2.000 kilómetros hasta Canarias.

Precisamente para enfrentar aquella crisis instauró Fernández de la Vega, hace ya más de un año, los desayunos de los viernes. Los máximos responsables de los ministerios implicados en la inmigración se reúnen con ella en una sala de la segunda planta del palacio de la Moncloa, justo sobre el lugar en que se celebrará, poco más tarde, el Consejo de Ministros. En torno a una mesa redonda, servida de zumos y cafés, repasan las novedades de la semana y preparan la estrategia para abordar un fenómeno siempre cambiante.

En esa estrategia ha tenido un papel estelar el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León. León es un apasionado de África, hasta el punto de que sus compañeros le apodan León el Africano, en referencia al famoso viajero granadino de los siglos XV y XVI.

Bernardino León fue el encargado de aumentar de cuatro a diez el número de embajadas españolas en África Occidental. Además, Exteriores incrementó la cooperación española al sur del Sáhara desde los 100 millones en la época de Aznar hasta 700 millones.

Al abrigo de esa infraestructura han desembarcado en África decenas de agentes del Ministerio del Interior y del Centro Nacional de Inteligencia. En colaboración con las autoridades locales, acosan a las redes de traficantes de personas y patrullan las costas de Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Su trabajo es complementario al de la agencia europea de fronteras (Frontex), que mantiene un dispositivo permanente de vigilancia en esa zona del Atlántico.

Pero tal vez el elemento más importante de toda esta inversión política en África sea una idea bautizada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, como “convenios de segunda generación”. En esencia, lo que ha hecho Moratinos ha sido condicionar la ayuda al desarrollo a la disposición de los gobiernos africanos a admitir la repatriación de quienes logran llegar a Canarias. Sólo en los seis primeros meses del año pasado, fueron repatriados dos millares de subsaharianos. La cifra no iguala a la de los que que arribaron, pero los expertos del Ministerio del Interior están convencidos de que su retorno es la mejor propaganda disuasoria para los que acaricia la idea de embarcarse.