El dilema es el que sigue: o contratan un falso servicio de vigilancia o sufren robos y sabotajes en sus obras. Varios clanes extorsionan desde hace tiempo a empresarios de la construcción en la provincia de Valencia. La mayoría de las víctimas no se atreve a denunciar las amenazas de estos grupos mafiosos. Prefieren mirar para un lado mientras, por el otro, ceden al chantaje y pagan cuantiosas sumas de dinero para proteger sus instalaciones.

Las cantidades oscilan entre los 800 y 3.000 euros mensuales en función de la superficie edificable y el nombre de la constructora. Normalmente cobran en dinero negro, aunque también ofrecen la posibilidad de realizar un contrato entre las dos partes con un sueldo determinado por unas labores ficticias.

“Si la obra es pequeña te exigen el pago de una suma que ronda los 1.000 euros, pero si se trata de una importante construcción han llegado incluso a pedir 5.500 euros mensuales”, explica bajo la condición de anonimato uno de los empresarios afectados


Robos o sabotajes

La visita de los extorsionadores de etnia gitana y las amenazas veladas suelen producirse días después de un robo de material o un sabotaje. Se presentan en la obra con un flamante coche y bajo su disfraz de patriarca educado y simpático.

Y luego viene la sorpresa: “Mira payo, en esta zona están robando mucho, pero en este mundillo nos conocemos todos. ¿Tú me entiendes? ¿Verdad que no quieres que vuelvan?” Frases intimidatorias como estas espetan los cabecillas de los clanes de etnia gitana cuando se entrevistan con los encargados de las obras.

A continuación, le entregan una tarjeta con la silueta de un vigilante uniformado y un número de teléfono móvil. También alardean de las numerosas instalaciones que vigilan, las buenas referencias que pueden dar de ellos otros constructores o la eficacia en su labor de vigilancia. Todo falso.

“Te sientes impotente porque sabes que como no pagues te van a robar las herramientas y te paralizan varios días la obra”, asegura el constructor.

“Hagas lo que hagas, sales perdiendo. Si denuncias la extorsión, te creas un enemigo; y si no lo haces, te sientes un mal ciudadano”, añade el empresario afectado.

Las herramientas que sustraen son vendidas a bajo coste en el mercado negro por otros miembros del clan. En dos casos, al menos, el cabecilla de una de estas bandas ordenó presuntamente a unos compinches que robaran herramientas en obras donde no querían contratar sus falsos servicios de vigilancia.

Y posteriormente, este mismo individuo se ofreció para ayudar al constructor a localizar el material sustraído y le propuso la posibilidad de recuperarlo tras pagar una cantidad de dinero.

Así, tras la supuesta mediación del farsante, el empresario tenía que volver a comprar sus propias herramientas para no paralizar los trabajos en la obra.

Los clanes eligen edificios en construcción situados en barrios periféricos, preferentemente en poblaciones cercanas a la ciudad de Valencia, para cometer sus fechorías. Estos malhechores están causando estragos entre las constructoras que levantan fincas en poblaciones como Paterna, Burjassot, Torrent o San Antonio de Benagéber, así como en los distritos valencianos de Campanar, Benicalap y Rascanya.


Graves perjuicios

Las pérdidas económicas para las empresas responsables de las obras son muy importantes, tanto por el elevado coste que tienen algunas de las máquinas sustraídas como por el daño que producen los robos al tener que paralizar los trabajos por no disponer los obreros de sus herramientas.

“La labor diaria se interrumpe y eso supone un perjuicio muy grande, porque a veces no podemos cumplir los plazos acordados y nuestro margen de beneficio se reduce”, se queja el constructor.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, las bandas se han repartido incluso las localidades donde delinquen tras un enfrentamiento de intereses. Uno de los clanes está afincado en Madrid, pero actúa con total impunidad en la provincia de Valencia. En la capital de España, estas prácticas mafiosas están muy extendidas en el sector de la construcción.

Así, frases como “esta zona es mía” o “vete de mi territorio” son pronunciadas por estos individuos cuando coinciden en la esquina de una obra o en la puerta de la oficina de la constructora.

La policía anima a los empresarios a denunciar estos tipos de extorsión o, al menos, a acudir a la comisaría de la Policía Nacional o cuartel de la Guardia Civil más cercano para informar del chantaje.

“Sólo así se puede acabar con esta actividad mafiosa. Aunque sabemos que están actuando en la provincia de Valencia, si las constructoras no presentan denuncias es muy difícil probar el delito y detener a los extorsionadores”, reconoce un policía.

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han detenido este año a 21 personas, entre ellas cuatro menores, acusadas de extorsionar a responsables de obras en las provincias de Toledo, Barcelona y Girona. Los agentes recuperaron numerosas herramientas sustraídas que se encontraban en poder de estos individuos.

sucesos@lasprovincias.es