Europa y África celebran este fin de semana en Lisboa la segunda cumbre bilateral de la historia – la la primera tuvo lugar en 2000 – . Reunirá a los 27 líderes comunitarios y a los de 53 países africanos en lo que ambas partes consideran la ocasión para un «cambio decisivo» en las relaciones entre los dos continentes.

Formalmente, el encuentro tiene previsto situar a África en la esfera de la cooperación y el diálogo, más que en la de la ayuda al desarrollo. Se trata, como decía ayer el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, de «dejar de trabajar para ella, y comenzar a trabajar con ella».

La reunión tiene previsto dar el visto bueno a una estrategia común euroafricana, que debería facilitar la confluencia de ambos continentes en la toma de posiciones ante los grandes problemas que tiene planteados la humanidad, incluido el cambio climático.

La estrategia se desgrana, a su vez, en un plan de acción a tres años, en el que se desarrollan actuaciones específicas en materia de paz y seguridad, política económica y derechos humanos, comercio e integración regional, objetivos de desarrollo, energía, cambio climático, migraciones y empleo, y ciencia, sociedad de la información y espacio.

Viejas potencias

Las viejas potencias coloniales europeas quieren ver en esta cumbre, cuya celebración no estaba nada clara hace sólo un par de años – la primera no aportó resultados tangibles de entidad – , una ocasión para introducir algo de orden en el descalabrado universo de relaciones de la UE con África, y para instalar una percepción – quizá no del todo merecida – de que Europa tiene capacidad para ejercer algún tipo de dirección sobre los asuntos africanos. La percepción resulta difícil de creer, cuando Estados Unidos y China, cada uno por su lado, despliegan una enorme influencia en el continente.

A España la cita le viene bien, porque Europa profundizará en su estrategia de combatir la inmigración ilegal al incidir en el desarrollo económico de los países originarios de estos tráficos ilegales de personas. Se trata de una prioridad en las estrategias nacionales contra la inmigración ilegal.