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Cuando el alcalde de Cittadella, en el norte de Italia, dio a conocer nuevas reglas para mantener a los pobres, los sin techo y los desempleados fuera de su ciudad medieval, el Gobierno calificó la medida como racista y discriminatoria contra los inmigrantes indigentes.

Dos semanas después, la llamada ordenanza “anti vagancia” de Cittadella ha sido adoptada por otros 40 municipios en la opulenta región de Veneto, donde un sentimiento anti extranjero se está extendiendo rápidamente en respuesta a la creciente inmigración, proveniente principalmente de Europa oriental.

Las nuevas reglas estipulan que los extranjeros sólo pueden solicitar residencia si tienen un trabajo regular, perciben un ingreso de al menos 5.000 euros anuales por integrante de familia, viven en un hogar “adecuado” y que no puedan ser considerados “socialmente peligrosos”.

El alcalde de Cittadella, Massimo Bitonci del populista partido anti inmigración Liga del Norte, dice que sólo está aplicando una directiva de la Unión Europea (UE) ratificada por el Gobierno centroizquierdista italiano.

La directiva indica que los ciudadanos de la UE deben tener un ingreso financiero suficiente para solicitar residencia en otros países del bloque.

Pero el ministro de Asuntos Sociales Paolo Ferrero dijo que las nuevas regulaciones de Bitonci violan los derechos civiles y constitucionales, y los calificó como una “medida decididamente racista y discriminatoria”.

Implementar la directiva de la UE, dijo Ferrero, depende del Ministerio del Interior, no de los alcaldes individuales.

Menos de una semana después de la publicación de su ordenanza a mediados de noviembre, Bitonci fue puesto bajo investigación y podría enfrentar un juicio por abuso de poder.