Alrededor de 150 personas, “representantes de más de 30.000 gitanos de toda Galicia”, según los convocantes, se manifestaron ayer en Pontevedra al grito de “¡Basta ya!” para reivindicar la unión del pueblo calé “en pro de la integración y contra la discriminación” de la que, aseguran, son objeto.
Con las palmas en alto, enfundadas las manos en guantes blancos al modo de las manos blancas de los universitarios madrileños, los manifestantes (hombres, mujeres y niños) partieron del recinto ferial pertrechados tras varias pancartas en las que se podían leer mensajes como “En contra del desprecio y la discriminación: ¡Protección parlamentaria ya!”. Sin incidente alguno se plantaron ante la delegación de Presidencia de la Xunta en la calle Benito Corbal, donde, tras pedir un minuto de silencio por el último atentado de ETA, leyeron un manifiesto instando a las autoridades autonómicas a apostar por un plan global de integración que les permita dejar de ser “una minoría sin futuro”, y reivindicado por gitanos de Marín, Ourense, Poio, Ferrol, Lugo, A Coruña o Vigo, según rezaban los carteles que portaban.

El problema del realojo de las familias de O Vao (Poio), cuyas chabolas fueran derribadas la semana pasada, desencadenó la movilización pero quedó ayer en un segundo plano, para dejar paso a lo que han dado en bautizar como “terrorismo racista”, en referencia a la “discriminación por haber nacido gitano” que dificulta su acceso a la vivienda y al mundo laboral y social. En esta línea, significaron la ausencia de gitanos en las viviendas de protección oficial y citaron, en concreto, el polígono residencial de Navia, en Vigo. Allí, dijeron, más de mil personas de este colectivo se inscribieron en las listas de espera sin resultado alguno. “Muchos de ellos tienen 8 y 9 hijos y sueldos de 500 euros”, explicó Sinaí Giménez, presidente de la Asociación del Pueblo Gitano en Galicia. Mientras alguien gritaba el “orgullo de ser gitano”, otro afirmaba: “Tengo compañeros en las mismas condiciones que nosotros y que sí han conseguido un piso de protección; somos españoles y nos tratan como si fuésemos marroquíes”.

También abordaron el recorte en la venta ambulante, a la que se dedica buena parte del colectivo y que, según afirman, las normativas municipales discriminan. Tras denunciar la utilización de fondos públicos “por la Fundación Secretariado Gitano que para nada están repercutiendo en nuestro pueblo”, cerraron su alegato haciendo un llamamiento “urgente” al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, para abrir una vía de diálogo con estos “ciudadanos, no súbditos”, matizaron.