Tres semanas atrás se descubrió a una prostituta que recibía a sus clientes en una tumba del cementerio Verano de Roma. En Milán, el fisco ha multado a otra porque no podía demostrar cómo había ganado los millones con los que había comprado varios pisos. En una carretera cercana a Venecia, un anciano cura rescató a una adolescente de la Europa del Este, obligada a prostituirse a los 11 años.
Durante este año, en Padua, se han sucedido manifestaciones de prostitutas, que han desfilado con las multas impuestas por los municipales a sus clientes. En Mogliano Veneto, el ayuntamiento ha inventado una nueva señal de tráfico: “Atención, prostitutas”, dentro de un triángulo rojo.
Los alcaldes de las grandes ciudades de Italia ya no saben qué hacer con las multitudes de hombres que cada noche acuden a los parques, carreteras periféricas y calles urbanas donde cada día 70.000 jóvenes de la Europa del Este y de África se prostituyen. Tanta juventud a buen precio propicia que muchos incluso se enamoren, provocando líos complicadísimos.
Algunas mujeres ejercen porque quieren, otras porque son esclavas de redes transnacionales, pero, sea como fuere, los vecinos de todas las ciudades están igualmente alarmados. Algunos municipios han prohibido el estacionamiento de los coches, otros instalan cámaras de televisión y sancionan a los clientes enviando las multas a sus casas, otros ordenan redadas diarias y otros han pensado en instituir “parques del sexo”. El fenómeno es particularmente singular porque, mientras que en la Unión Europea entre el 80% y el 90% de la prostitución se realiza en las casas, en Italia el 75% tiene lugar en las calles.
Cincuenta años después de que el Parlamento italiano suprimiera las “casas de tolerancia” controladas por el Estado, el Gobierno presentará esta semana el primer proyecto de ley moderno.

Un equilibrio difícil
El proyecto se inspira en los resultados elaborados por un Observatorio Nacional sobre la Prostitución y tiene en cuenta el parecer de las mujeres elegidas políticamente en la región de Lazio (Roma). "No podíamos prohibir la prostitución callejera, explica a este diario Luisa Laurelli, consejera para la Seguridad de Lazio.
Por otra parte, el observatorio puntualiza que “no se puede controlar legalmente a quien, por su voluntad, ejerce la prostitución”. Tras estudiar las legislaciones europeas, que van desde la prohibición total (Suecia, Irlanda, Malta) hasta el reconocimiento profesional (Alemania y Holanda), o la tolerancia (Portugal, Polonia y España), pasando por la prohibición de los prostíbulos (Bélgica y Dinamarca), Italia ha optado por seguir una vía propia.
El enfoque italiano considera la prostitución como un fenómeno con aspectos múltiples, que incluyen el comercio sexual, la inmigración, el comercio de seres humanos y la esclavitud sexual.

Ni escuelas ni hospitales
La norma prevé también la prohibición de la prostitución en algunas zonas de las ciudades consideradas sensibles, como es el caso de las inmediaciones de las escuelas, los hospitales y las iglesias. En otras áreas será desaconsejada, con medidas para alejar la actividad, mientras que habrá puntos donde se tolere. Los alcaldes no podrán prohibir totalmente el mercado callejero del sexo.
“No es aconsejable eliminar la prostitución de las calles, porque entraría en la clandestinidad”, explican fuentes de Interior para añadir: “No sería posible controlar los delitos relacionados con ella”. Es el caso de la esclavitud, la inmigración clandestina con fines sexuales y la explotación de menores, delitos para los que se endurecen las penas.
Obligar a alguien a prostituirse será castigado con penas de entre 5 y 10 años de prisión y pasarán entre dos y seis años en la cárcel los que exploten sexualmente a una persona. Inducir a un menor a prostituirse será castigado con penas de entre 6 y 12 años de cárcel y el cliente no podrá alegar que ignoraba la edad.
Para combatir a las organizaciones que se lucran con el comercio sexual, la ley prevé que sus bienes sean confiscados, como ya sucede con las mafias. El importe contribuirá a un “fondo nacional” del Estado. Carla Corso, fundadora junto con Pia Covre del primer comité por los derechos civiles de las prostitutas, cree que el proyecto de ley es bueno. “Permite trabajar en casa y en zonas permitidas, aunque atribuye demasiado poder a los alcaldes”, dice. “Necesitamos a un Zapatero”, finaliza.