| Puerto Ayora, Galápagos

Control migratorio del Gobierno en las islas planea regresar a 1.500 personas al continente. 

Sentado sobre una caja de atunes enlatados, Silvio Urco, oriundo de Quero (Tungurahua), coloca las etiquetas de precios en varios productos de la despensa donde trabaja, ubicada en pleno centro de Puerto Ayora (Santa Cruz).

Sin embargo, Urco, de 26 años, sabe que pronto tendrá que dejar su trabajo de cuatro meses debido al control migratorio vigente en las islas, a  pesar de que tuvo la oportunidad de legalizar su residencia en el archipiélago. “Vine hacia acá porque el volcán Tungurahua destruyó mis sembríos. Acá hay bastante trabajo, pero si me toca salir estoy resignado”.

Las expresiones de Urco tienen que ver con el decreto del 5 de septiembre del presidente Rafael Correa, con el cual reformó el Reglamento de Calificación y Control de Residencia en la provincia de Galápagos.

El nuevo reglamento es una de las medidas que el Gobierno  adoptó para la preservación de las islas Galápagos, luego de que en junio pasado la Unesco declaró al archipiélago como patrimonio en peligro debido, entre otras cosas, a la sobrepoblación existente.

Según datos del Instituto Nacional Galápagos (Ingala), un aproximado de 3.000 a 3.500 migrantes se encuentran en forma ilegal en las islas.

Sin embargo, a diferencia de Urco, la gran mayoría de ilegales busca la forma de quedarse en Galápagos, por lo que en menos de tres meses, 800 personas han conseguido su residencia temporal y otras 700 esperan el trámite antes de que se venza el plazo este miércoles.

Estos nuevos y posibles residentes temporales se quedarán en la provincia de Galápagos, en donde el último censo registró 18.640 habitantes.

La Ley de Régimen Especial para la Conservación de  Galápagos (Loreg) en su artículo 27 explica que “se entregará residencia temporal a las personas que realicen actividades laborales en relación de dependencia por un tiempo de hasta un año, prorrogable en lapsos iguales”.

Para obtener la residencia temporal los irregulares deben presentar el auspicio o contrato de un residente permanente que certifique su labor profesional o técnica. Luego, el auspiciante busca a través de medios de comunicación locales que no existan colonos con el perfil idóneo para el cargo y así justifica el contrato.

Terminado el plazo entrará en vigencia la Tarjeta de Control de Tránsito, que será el permiso de ingreso exclusivamente para turistas, ya que “nadie más de los inscritos podrá venir a trabajar acá a Galápagos”.

No obstante, una excepción en el nuevo reglamento permite al Comité de Calificación y Control de Residencia del Ingala el ingreso o permanencia de las personas que determine.

El proceso en el Ingala genera quejas. Erlinda Pinanjota, otavaleña de 28 años, ingresó en diciembre pasado sus papeles para acceder a la residencia temporal.

Pese a tener completos los documentos que la certificaban como empleada doméstica, su residencia no salió hasta agosto de este año, cuando la nueva reglamentación entró en vigencia, por lo que debe realizar el trámite nuevamente.

Contratos ficticios
Para Zapata, la regularización de los irregulares como residentes temporales tiene un beneficio adicional importante, además de su permanencia en las islas: legalizar la situación laboral de los ilegales bajo los preceptos del Código de Trabajo.

Sin embargo, para varios galapagueños como Raúl Salazar, guía turístico, la regularización de los ilegales solo es legal “en los papeles”, porque ninguna autoridad ha controlado que se cumpla a cabalidad.

“Cuando alguien es contratado para cualquier actividad adquiere los beneficios que por ley recibe el trabajador, como es un seguro social, pagos de décimos, utilidades, vacaciones, etcétera, pero acá eso no existe”, dice Salazar.

Arístides Mejía avala la palabra de Salazar.  Dueño del bazar adonde todos los irregulares acuden para armar sus carpetas, comprueba que los documentos son solo un trámite legal. “La gente viene acá con las cédulas de sus ‘padrinos’ para imprimir su contrato de trabajo, que más que eso es un simple certificado de honorabilidad”.

Es el caso de Santiago Cajape y su esposa Luz Cedeño. Oriundos de Manabí, llegaron hace cuatro años a Galápagos por oportunidades de trabajo.

Para no salir de las islas, Cajape pidió a su patrón que lo apadrinara con un contrato por un año, aunque la construcción en la que se desempeña como albañil termina en cuatro meses. De la misma forma, su jefe contrató a su esposa como empleada doméstica. “Si no hacemos esto, nos regresan, y acá tenemos trabajo seguro”, reniega Cajape.

Otros, en cambio,  compran su contrato  en cómodas cuotas.  Manuel (nombre ficticio) vino hace un año desde Santa Rosa (Ambato) para trabajar “de cualquier cosa”. Consiguió ocuparse como cargador en el puerto, por lo que gana cerca de 300 dólares mensuales.

Su jefe, César Cacha, dueño de una barcaza que transporta alimento desde el continente, le hizo un contrato de trabajo para que no fuera deportado. Sin embargo, el costo de la garantía y el carné, alrededor de 250 dólares, tendrá que pagarlo Manuel con su propio sueldo.

Manuel afirma estar conforme, porque es eso o salir de las islas.
“Regresar es morirse de hambre, por eso lo acepto”.

75
Por ciento. Las tres cuartas partes de los migrantes ecuatorianos en las islas Galápagos son de Tungurahua y Guayas.

455
Casos. El Ingala descubrió en una encuesta realizada hace dos meses que el 13% de los 3.500 irregulares que permanecen en las islas admiten ser explotado en sus trabajos informales.