Las víctimas de la trata son, en el momento en que los cuerpos de seguridad del Estado desarticulan la red que las explotaba, inmigrantes sin papeles. Son detenidas por estancia irregular, expulsadas y repatriadas. Sólo si denuncian a sus explotadores pueden acceder a una “autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales”, según el reglamento de la Ley de Extranjería.
Muy pocas lo hacen. No se atreven a acudir a las comisarías, precisamente por su situación de irregularidad y porque los explotadores se encargan a conciencia de que no hablen amenazándolas con represalias contra sus familias. De modo que en la práctica, la ley se aplica antes a las víctimas que a sus traficantes.

El Gobierno ultima un plan que puede animarlas a dar el paso. El Plan de Acción Nacional contra la Trata con fines de explotación sexual, en el que participan los Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia, impedirá la expulsión inmediata de las víctimas sin papeles estableciendo un “periodo de reflexión” de no menos de 30 días para que reciban asistencia médica, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y decidan entonces si quieren denunciar. Algo que ya exigía una directiva del Consejo de la Unión Europea cuyo plazo de incorporación al derecho español expiró en agosto del año pasado.

El Plan, una recomendación de todos los partidos en una Comisión sobre los Derechos de la Mujer de 2003, servirá en gran medida para incorporar los múltiples tratados internacionales sobre protección de víctimas de la trata. Está todavía en fase de borrador, aunque fuentes de la vicepresidencia del Gobierno confían aún en aprobarlo antes de que termine esta legislatura.

Justicia debate todavía la incorporación al plan de otros cambios legales para facilitar a las víctimas un permiso de residencia y trabajo no condicionado a la colaboración policial, sino a razones humanitarias. “En Italia pueden obtenerlo por la vía judicial, que implica que la víctima se compromete a ejercer una acción judicial contra los autores, y la vía social, en la que se compromete a participar en un programa social de integración. En la práctica, las mujeres que se acogen a este programa ganan confianza en las instituciones y acaban denunciando a los tratantes”, explica Gentiana Susaj, coordinadora de la Red Española contra la Trata de Personas, que agrupa a 23 ONG.

La Red Española contra la Trata de Personas confía en que el Plan suponga un nuevo enfoque del problema. “El modelo imperante criminaliza a la víctima. Se las castiga por violar las leyes migratorias y ejercer la prostitución. Y eso no es lo que dicen los estándares internacionales como el Convenio Europeo Contra la Trata de Seres Humanos, que España todavía no ha firmado y que adopta un enfoque no ya de control migratorio sino de protección de los derechos humanos”, afirma Itziar Ruiz-Giménez, del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional.

Además, el Plan incluye campañas de sensibilización y advertencia en los países de origen y cursos de formación específicos para los cuerpos de seguridad. España es uno de los destinos favoritos de estas redes, según la ONU. Es el segundo negocio más lucrativo del mundo, según recordaban en aquella lejana comisión que reclamó este plan de acción en 2003. El primero sigue siendo el tráfico de drogas, y con un riesgo mucho menor para los traficantes. La pena máxima para la explotación de la prostitución es la mínima para el tráfico de estupefacientes.