La Subdelegación de Gobierno multó con un total de 210.000 euros a dos clubes de alterne de O Porriño, otro de Mos y un cuarto de Poio por contratar a extranjeras que carecían de permiso de trabajo. Los inspectores de Trabajo detectaron a 35 inmigrantes ilegales respecto a las cuales el Gobierno ya inició los trámites de expulsión del país. En total, las afectadas son 15 brasileñas, ocho rumanas, seis paraguayas y dos argentinas.

La redada fue promovida por la Inspección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social. Los inspectores examinaron los papeles de las 35 mujeres extranjeras que estaban en situación irregular y que, aparentemente, ejercían el alterne y la prostitución. Esta actividad no es delito en España pero las autoridades exigen que las prostitutas de nacionalidad extranjera tengan en regla el permiso de residencia y de trabajo. La ley sí castiga el hecho de inducir a alguien a ejercer la prostitución en contra de su voluntad.

Dos clubes están situados en el municipio porriñés. En uno de ellos trabajaban siete mujeres de nacionalidad rumana y una brasileña. La multa ascenderá a 48.000 euros. En el otro local de O Porriño fueron detectadas nueve mujeres de Brasil y una de Paraguay. Será sancionado con 60.000 euros.

En Mos, los inspectores detectaron a nueve personas en situación irregular, cinco de ellas brasileñas, dos argentinas y una paraguaya. La multa se eleva a 48.000 euros. El último de los clubes inspeccionados está en Poio y en el local trabajan cuatro mujeres paraguayas y a una rumana. El propietario deberá hacer frente a una sanción de 36.000 euros.

La Subdelegación impuso una sanción de 6.011 euros por cada extranjera identificada como trabajadora del club y que careciese de las correspondientes autorizaciones para trabajar en España. Por su parte, los empresarios están acusados de infringir la ley de Extranjería.

Estas actuaciones, dice la Subdelegación, se enmarcan dentro de la lucha del Gobierno contra las redes de inmigración ilegal y la explotación sexual de mujeres extranjeras.

Redadas anteriores

En los últimos años, la lucha contra la explotación sexual se ha centrado en las irregularidades económicas que cometen los dueños. Puesto que es difícil probar que un club trae a extranjeras mediante redes de tráfico de personas, las autoridades recurren a una estrategia más sencilla y exigen a los dueños del negocio todos los documentos de contratación legal de las trabajadoras.

La Fiscalía especial de Extranjería de Vigo inició recientemente un proceso sumario contra tres hosteleros socios de un motel-pub de la avenida de Castrelos, donde trabajaban 20 inmigrantes. Los tres acusados se enfrentan a penas que podrían superar los nueve años de cárcel por sendos delitos de inducción a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los extranjeros.