Hay que reconocer a Paulino Rivero su primer golpe de efecto. El traslado de menores inmigrantes a una organización no gubernamental situada en Salamanca en función de un acuerdo adoptado por Gobierno de Canarias y la propia Fundación Armenteros ha dejado a Jesús Caldera fuera de juego. En tal grado que el ministro no ha tenido más remedio que sumarse en plan conciliador a la política de hechos consumados emprendida por el Ejecutivo autonómico, aunque lo ocurrido sea precisamente una desautorización en toda regla a su gestión. Más grave todavía: la iniciativa del Gobierno de Canarias es la respuesta al incumplimiento de la promesa de traslado de 500 menores inmigrantes realizada por el propio Caldera, un incumplimiento que se suma a una lista procedente de varios ministerios que los nacionalistas archivan cuidadosamente.

El caso es que mientras Caldera siga empeñado en hacer de la situación que se da en Canarias con los menores inmigrantes un asunto para continuar en la greña partidaria la situación no tiene remedio, al menos desde el lado del Ministerio. Por eso hay que aplaudir iniciativas prácticas como las que ha tomado el Gobierno de Canarias, por mucho que le asista la razón en que debe ser el Estado, y no Canarias ni ninguna otra comunidad autónoma, el que asuma la responsabilidad de los menores procedentes de la inmigración irregular y que no pueden ni quieren ser repatriados.

Ello sin obviar la incongruencia que supone que los menores que serán ingresados fuera del territorio de la comunidad autónoma, en el establecimiento ubicado en Salamanca y en otros en función de la saturación de los centros de acogida canarios, seguirán bajo la tutela legal del Gobierno de Canarias. ¿Pasará por alto el Ministerio tamaña falla sin darse por aludido? Es difícil argumentar que el Gobierno de Canarias tenga que mantener la tutela legal de todos los menores que lleguen irregularmente por sus costas, residan donde residan, por la simple razón de que tienes costas, es un territorio cercano a África y ha asumido las competencias en materia de menores al igual que las restantes comunidades autónomas…

Pero Caldera no se entera, parece que está más ocupado en que su partido vuelva a ganar las elecciones para seguir sin enterarse de lo que está pasando en Canarias. Claro que si el Gobierno de Canarias no tiene todo el cuidado a la hora de elegir las oenegés receptoras, o actúa de forma precipitada que no maliciosamente, puede ser que Caldera o el que corresponda en su momento tenga que enterarse necesariamente de cuál es la dimensión real del problema. Si los graves conflictos e irregularidades que se produjeron en los centros canarios regentados por oenegés se reproducen en centros de la península va a ser muy difícil para la Administración central defender que los menores son un asunto exclusivo de las comunidades autónomas.

Desgraciadamente, en casos como éste la distancia es el olvido y, para poner en evidencia el problema, a veces hay que acercarlo a aquellos que no lo quieren ver.