Recién llegado de China, donde le pilló el rebrote de violencia urbana en los arrabales de París, Nicolas Sarkozy se enfundó el uniforme de jefe de bomberos y terminó de sofocar un incendio social que amenazaba con propagarse como un reguero de pólvora por los guetos étnicos de Francia. Pero las brasas aún perduran, rescoldos de los suburbios en llamas del otoño de 2005, y las autoridades mantienen el despliegue de un millar de policías, unidades de élite y helicópteros con proyectores de luz que permitió por fin conciliar el sueño a los habitantes de seis barriadas conflictivas de la periferia norte de la capital tras dos noches de episodios insurreccionales, incluidos disparos con armas de caza contra los agentes.

La noche del martes al miércoles se quemaron en Francia 138 automóviles, una cifra consideraba normal por los servicios policiales. De ellos, 32 coches ardieron en Val d’Oise, el departamento al que pertenece Villiers le Bel, la ciudad dormitorio de las pesadillas desde que Moshin Sehhouli, de 15 años, y Lakamy Samoura, de 16, se mataran el domingo al estrellarse la moto en la que circulaban sin casco contra un coche patrulla. Sus 30.000 habitantes tocan ahora a cerca de 30 vecinos por policía. Será así “mientras sea necesario”, indicó la ministra del Interior, Michèle Alliot Marie.

La gestión de la crisis por su sucesora en el puesto de primer gendarme de Francia ha enfurecido a Sarkozy, que la criticó con duras palabras en una reunión previa al Consejo de Ministros, según se filtró desde el entorno presidencial. El ministro del Interior durante el incendio suburbial de hace dos años tomó las riendas del conflicto nada más bajar del avión que le trajo de Pekín y multiplicó las visitas, reuniones, audiencias, iniciativas y declaraciones con una doble intención de reafirmar la autoridad del Estado y mostrar el rostro humano de las instituciones.

“No es una edad para morir”, subrayó compasivo el presidente por boca del portavoz del Gobierno, Laurent Wauquiez, en alusión a los adolescentes fallecidos, que serán enterrados en sus países de origen: Marruecos y Senegal. En una audiencia en el Elíseo, el presidente “manifestó su simpatía y presentó sus condolencias a los parientes de las víctimas”, relato Jean Pierre Mignard, abogado de las familias. También les anunció la apertura de una instrucción judicial sobre las circunstancias del drama, como reclamaban, una “decisión justa” y “un gesto de apaciguamiento” que “deseamos sea comprendido en todas partes para que vuelvan la paz, la calma y la tranquilidad”, añadió el abogado de las familias de los dos jóvenes.

Conforme a la promesa presidencial, la Fiscalía de Pontoise incoó un sumario por homicidios involuntarios que encomendó a la jueza de instrucción Magali Tabareau. En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por “tentativa de homicidio voluntario”, al comisario gravemente herido cuando intentó parlamentar al iniciarse las algaradas, y diligencias previas por los numerosos disparos con armas de fuego a las fuerzas del orden, que han registrado más de un centenar de bajas.

Previamente, Sarkozy había visitado en su lecho hospitalario a varios policías y bomberos heridos en los disturbios a quienes prometió que pondría los medios necesarios para detener y castigar a sus agresores. “Quienes asumen la responsabilidad de disparar sobre funcionarios serán juzgados por la Sala de lo Criminal.

Eso tiene un nombre, es una tentativa de asesinato. Lo que ocurrió con esos jóvenes es conmovedor pero disparar a funcionarios no tiene ninguna relación con ese acontecimiento”, declaró con tono fiscal el abogado de formación.

En la posterior reunión del gabinete de crisis en el Elíseo se acordó mantener el 22 de enero la presentación del plan gubernamental de ayuda a los suburbios porque “los delincuentes que disparan a la policía no harán cambiar la agenda de la República”, señaló el primer ministro, François Fillon. “La meta no es destinar una vez más miles de millones en esas zonas sino centrarse en lo que hoy es el problema en las barriadas y es un problema humano”, dijo el portavoz del Gobierno, que citó dos prioridades: formación y acceso al empleo para los jóvenes y “la accesibilidad a través de los transportes”.