El presidente de Rumanía, Traian Basescu, de visita oficial a la Comunidad Valenciana, manifestó ayer en Valencia su deseo de que los trabajadores rumanos que ahora trabajan, legal o ilegalmente, en España, regresen para trabajar en su propio país. “En Rumanía hay una crisis de mano de obra”, explicó ayer Basescu en su comparecencia junto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Por eso, Basescu habló de que en breve viajarán representantes del Ministerio de Trabajo de su país para buscar, junto al Gobierno y el Consell, “los mecanismos para convencer a los rumanos que trabajan ilegalmente en España para que vuelvan a Rumanía con la ayuda de los empresarios españoles que están ganando ahora los concursos de obras públicas”. Y prometió premiar en esos concursos públicos a las firmas que contraten a rumanos inmigrantes. Su país, dijo, “se encuentra ahora en la posición de no poder sostener casi su propio desarrollo por culpa de la falta de mano de obra” pese a que cumple su noveno año consecutivo con crecimiento económico.

Camps, por su parte, dio las gracias a Basescu por “el esfuerzo y el trabajo” de “una comunidad activa e integrada”, que ha ayudado a la economía regional. La valenciana es la segunda autonomía española, tras Madrid, en número de residentes rumanos, con más de 95.000 censados. 42.000 de ellos viven en Castellón, donde suponen el 47,5% de los inmigrantes.

Por la tarde, en Castellón, Basescu quiso dejar patente su conocimiento de la “aportación” de sus compatriotas al desarrollo de sectores como la agricultura y “al buen desarrollo de España”, tal como dijo. Ante poco más de un millar de personas (sólo en la capital de La Plana se calcula que hay cerca de 30.000, además de otros 20.000 en el resto de la provincia), Basescu aseguró estar trabajando para que todos ellos puedan volver con las mismas condiciones de trabajo y de vida que tienen en España.

Además, expresó su voluntad de limitar el flujo de afluencia, preocupado ante la posibilidad de que se produzca un rechazo, al igual que ha ocurrido en Italia. “Nuestro objetivo es que la relación entre la comunidad rumana y la española siga siendo buena, pues no queremos que el Estado español tenga que tomar medidas para proteger a sus propios ciudadanos”, añadió.