El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, telefoneó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, para intentar poner fin a la crisis de los menores inmigrantes, que han desbordado los centros de acogida del archipiélago. “Le dije que estoy dispuesto a buscar con él un lugar de acogida para los muchachos, pero que debe hablar con sus socios del PP para que las comunidades gobernadas por ese partido, como Madrid, los acepten. Es todo lo que puedo hacer”, explicó.

El Gobierno de Canarias había proclamado en los últimos días que sus centros de acogida estaban colapsados por un millar de menores llegados en pateras y cayucos. “Mientras tanto, el Ejecutivo central mira para otro lado”, acusaron Rivero y sus consejeros. El martes escenificaron su malestar trasladando al menos a 20 menores a una ONG radicada en Salamanca.

Un recuento realizado ayer por EL PAÍS muestra que en Canarias no hay 1.000 menores, sino 770, informa Juan Manuel Pardellas. Tampoco es exacto que el Gobierno central se haya desvinculado del problema. El pasado 4 de octubre, se ofreció al Ejecutivo canario, a través de una moción parlamentaria, para “explorar” juntos la disposición de las demás comunidades autónomas a acoger a 300 menores y a financiar su traslado y su alojamiento. Pero los parlamentarios de Coalición Canaria (CC), el partido de Rivero, rechazaron el ofrecimiento. Exigían que fuera el Estado, y no la comunidad, quien asumiera la tutela de los muchachos “nada más llegar a territorio español”. Algo que, según todos los juristas consultados, no permiten las leyes.

Para entender la polémica en torno a los menores inmigrantes es conveniente no perder de vista dos coordenadas.

La primera: las encuestas afirman que la sociedad canaria es la más sensible de España frente al fenómeno de la inmigración. De forma que el discurso contra lo que algunos políticos han llegado a calificar de “invasión” de las islas tienen alto rendimiento electoral.

La segunda: CC, el partido de Rivero, gobierna en coalición con el PP. Y las comunidades autónomas controladas por este partido son precisamente las que más se resisten a acoger a los menores inmigrantes del archipiélago.

De ahí que Caldera le insistiera ayer a Rivero en que hable con sus socios de Gobierno. “Se lo repetí varias veces”, relató el ministro. “Nunca he mirado hacia otro lado, como han dicho. Siempre he estado dispuesto a ayudarles. Pero si hay comunidades autónomas que no quieren recibir a los muchachos, yo no tengo poder para obligarlas”.

En el caso de que las demás comunidades se nieguen a acoger a los menores, Caldera dice estar dispuesto a ayudar al Gobierno de Canarias en la búsqueda de ONG que estén dispuestas a hacerlo. Y a pagar la factura: financiará el traslado de los muchachos y su mantenimiento. La oferta del ministro es exacta a la que CC rechazó en el Congreso el mes pasado. Sin embargo, en esta ocasión ha sido saludada por la consejera de Bienestar Social de las islas, Inés Rojas, con un sentido: “¡Por fin!”. Aunque rápidamente ha añadido cierta cautela: “Ya ha habido otros acuerdos incumplidos”.

Rojas se refiere al compromiso adquirido por Caldera el 14 de septiembre del año pasado, frente una situación similar. Entonces había en el archipiélago 796 menores, y el ministro se comprometió públicamente en Tenerife a trasladar a la Península a los que superaran la cifra de 300, considerada límite por el Ejecutivo autonómico. Caldera precisa que sólo se comprometió a hacerlo una vez.

Ya entonces, las dificultades puestas por los gobiernos autonómicos para asumir la tutela de los muchachos obligó a derivar a 95 de ellos a dos ONG (una ubicada en Madrid y otra en Castilla y León), bajo la tutela de Canarias. No obstante, el ministro está dispuesto a repetir el programa con otros 470 menores. Pero esta vez no quiere hacerlo solo.