Ni las frías aguas del Atlántico en noviembre, ni el oleaje, ni el centenar de kilómetros de distancia con la costa han sido inconvenientes para que dos nuevas embarcaciones con 228 personas a bordo – 18 de ellos menores – llegasen la noche del sábado y el domingo a la isla de Tenerife.

Los inmigrantes de origen subsahariano y senegalés fueron atendidos por los servicios médicos y, a excepto uno, se encuentran en buen estado de salud en un centro de internamiento.

El pasado viernes otras 75 personas, entre ellas cinco menores, llegaron al puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria.

El primero de los cayucos con unos 170 inmigrantes a bordo, quince de ellos menores, llegaba hacia las 22 horas al muelle de Los Abrigos sin ser detectado. Al parecer, algunos de ellos se dispersaron por las calles del pueblo aunque fueron localizados por agentes de la policía.

Uno de los adultos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, mientras que el resto fue llevado a la comisaría de la playa de las Américas, en el municipio tinerfeño de Arona.

Tres horas más tarde arribó al puerto de Los Cristianos otra embarcación con 58 inmigrantes varones entre los que viajaban dos menores de edad. El cayuco había sido avistado por un velero francés a unas trescientas millas al sur de El Hierro. Este dio la voz de alarma y el buque de Salvamento Marítimo Conde de Gondomar y a una patrullera de la Guardia Civil salieron a su encuentro.

La llegada de nuevas pateras se produce en una semana en la que el Parlamento, en un procedimiento a iniciativa del Gobierno, ha reformado el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir el tráfico de seres humanos entre los delitos de jurisdicción universal, es decir, perseguibles de oficio por la Justicia española aunque hayan sido cometidos por ciudadanos extranjeros fuera del territorio nacional.

Hasta ahora el Estado español carecía de recursos jurídicos para combatir a las mafias que, desde territorio africano, riegan de pateras las costas del sureste o de las Islas Canarias.

El papel de los tribunales quedaba reducido a controlar el proceso de expulsión de los clandestinos capturados, a los que la legislación española considera víctimas, y a juzgar y en su caso condenar a los patrones de los cayucos detenidos.